Debate entre los precandidatos de la Unidad (Parte 1 de 2)
Como lo apuntó Jesús María Casal, exdecano de la escuela de Derecho de la UCAB y moderador del debate, este ha sido promovido por los mismos estudiantes, lo cual es motivo de orgullo para todos los profesores universitarios y merece todo el reconocimiento posible. Para la UCAB, remató Casal, es una ocasión para enaltecer el gentilicio universitario al poder ofrecer su sede para el desarrollo del debate de los precandidatos de la Unidad.
Casal repitió las reglas: Las preguntas versarán sobre seguridad, empleo y educación. En relación con esos temas, se formularán preguntas idénticas a todos los precandidatos y ellos tendrán un minuto para responder cada una. Al terminar el tiempo previsto, se escuchará el sonido de un tono —similar al que un canal de televisión coloca cuando está fuera del aire y en pantalla solo aparece el patrón de colores—, con lo que el precandidato deberá culminar. Las preguntas temáticas serán formuladas por los estudiantes universitarios
Tras esta introducción, se dio la bienvenida a los 5 precandidatos, que entraron ordenadamente y ocuparon sus podios en el orden que se les asignó según el sorteo celebrado esta mañana. Los 5 se saludaron cálidamente, con una atronadora salva de aplausos como fondo, antes de comenzar con la pregunta de presentación.
Diego Arria fue el primero en responder esta pregunta. Fallas de audio fueron un constante tropiezo en su intervención. Tanto, que llegó a comentar en broma que iba a terminar encadenado. Dijo tener miedo porque conoce las consecuencias que el odio y la violencia desatados por el actual régimen pueden desatar en la sociedad. Es el miedo que tiene la gente a la hora de salir a la calle, acudir a sus trabajos o a la escuela. Ese, justamente, es el miedo que hay que acabar en Venezuela y él aseguró saber cómo acabar con él. Propuso presidir un gobierno de 2 o 3 años que derrote la violencia, rescate la paz, la esperanza y la seguridad para todos.
Henrique Capriles Radonski se presentó a sí mismo como servidor público, que ha logrado todo a través del voto: diputado, alcalde electo dos veces y gobernador. Espera ser el mejor presidente para todos los venezolanos. Quiere que todos tengan acceso a la educación, a un sistema de salud digno y a empleo de calidad. «Hay un camino, juntos construimos ese camino», fue su última frase en esa pregunta.
Pablo Pérez dijo ser un venezolano que se preocupa y se ocupa de los problemas del pueblo. Señaló que quiere dar a Venezuela más de lo que ella le ha dado a él. Y dijo que quería ser presidente para dar seguridad personal y social a todos los venezolanos. Prometió 1.136.000 empleos seguros y de calidad para todos en su primer año de gobierno.
María Corina Machado se propone ser presidenta porque quiere unir un país profundamente dividido, no por raza, colores o ideología, sino dividido entre los que no tienen oportunidad y los que sí. Por eso se propone acabar con esas diferencias y erradicar la violencia. Con esa determinación, sostuvo que se propone derrotar a Hugo Chávez el 7 de octubre.
Leopoldo López fue el último de esta ronda. Dijo ser un venezolano con fe y convicción de que Venezuela está a las puertas de un cambio. Al exalcalde le mueve la convicción de que el país puede salir adelante para construir una Venezuela segura, llena de empleo, donde todos los derechos sean para todos los venezolanos. Él y Diego Arria fueron los únicos que lograron terminar su presentación con el tiempo exacto.
El tema de la seguridad fue el primero en ser abordado a través de las preguntas de los estudiantes. Y acá, se preguntó a los candidatos por sus tres medidas iniciales que tomarían desde la presidencia para acabar con los homicidios en Venezuela.
Henrique Capriles Radonski comenzó por decir que para permitir el progreso de Venezuela, hay que reducir la violencia. Recordó que en esto años han caído 100.000 venezolanos y que a diario mueren 50 venezolanos por la violencia. La solución, de acuerdo con el precandidato, tiene soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Aseguró que en el estado Miranda se está haciendo la solución del medio y largo plazo: educación y empleo, que para él son soluciones estructurales. A corto plazo, la solución tiene que ver con el tema de la policía el tema del poder judicial. Hizo hincapié en que el gobierno debe entender que la seguridad no es un tema político o de color. Hay que sumar la voluntad de todos los que pueden colaborar en solventar ese problema.
Para poder acabar con la impunidad —prosiguió el gobernador de Miranda— se necesita un poder judicial independiente, fuerte, se necesitan cárceles que rehabiliten. Recordó que él mismo estuvo preso y sabe lo que significa enfrentarse a un proceso judicial donde no hay justicia. Para acabar la injusticia hay que reformar el poder judicial y que en ese proceso el gobierno tiene que dar todo su apoyo.
Pablo Pérez comentó que ya van 130.000 familias enlutadas, si bien para una madre una sola muerte es suficiente. Así, comentó que hay que ir a una política de desarme, al tiempo que señaló cómo el gobierno ha armado civiles y colectivos, que han generado violencia en Venezuela. Por otro lado, hay que cambiar el lenguaje violento que se ha mantenido en todos los escenarios. Así, prometió ser un presidente de la cultura de la paz, de la cultura de la vida y no de la cultura de la muerte. También prometió utilizar un lenguaje de altura.
El gobernador del Zulia, en su respuesta, planteó la necesidad de modernizar el poder judicial e ir a la profesionalización de las policías, en un trabajo articulado con los tres niveles de gobierno. En el entorno socioeconómico, Pérez prometió empleo seguro para todos los venezolanos y educación libre no adoctrinada, para tener un futuro seguro en toda Venezuela.
María Corina Machado comenzó por señalar lo dicho por el presidente Hugo Chávez, de que la inseguridad no se puede resolver hasta el año 2021. Esto significa que para ese entonces 200.000 madres enterrarían a sus hijos en los próximos 10 años, cosa que es falsa. El programa que ella propone es sistémico —descrito por ella misma— y requiere una transformación a nivel institucional, los cuerpos judiciales, en el sistema penitenciario y también invertir en educación y empleo. Esas son medidas que tienen resolución a largo plazo. Mientras tanto, acotó que más de la mitad de los homicidios en Venezuela se debe a la existencia de unas 12.000 bandas plenamente identificadas, dedicadas al microtráfico de drogas. Esas bandas se pueden desarticular en 6 meses con resultados significativos y en 3 años se puede llevar a la mitad la delincuencia en Venezuela.
Para Leopoldo López, hay que asumir la responsabilidad ante la inseguridad, que se ha convertido en el principal problema de los venezolanos sin que el gobierno asuma su responsabilidad. Para el precandidato, hay que depurar los cuerpos policiales. Además, como jefe de Estado asumirá que todo el Estado y toda la nación pongan como principal prioridad disminuir los índices de violencia y los índices de homicidios. El TSJ, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo deben asumir sus responsabilidades.
Respecto al origen del problema, López propone arrapar a los jóvenes entre 15 y 25 años, donde está concentrado el problema. Para ellos habrá oportunidades de empleo, estudio y deporte. Eso es posible; para ello se requiere voluntad política y sostuvo que él la tendrá.
Diego Arria enfatizó que V está enfrentada a un régimen que cohabita con una FANB contaminada por elementos de la delincuencia criminal internacional. Está contaminada por mafias incrustadas en sectores del ejército y la GN. Se trata de sectores que, al ocupar nuestras fronteras, han permitido que ingresen a Venezuela toda clase de delincuentes bajo el cobijo del Estado.
Arria comentó que el 70% de los jóvenes que mueren en Venezuela son menores de 25 años y fallecen por ajustes de cuentas. Para él, esto tiene origen directo en la correlación y cohabitación de las fuerzas y mafias que habitan en Venezuela bajo el amparo de sectores de la FANB. Es imposible —insistió— que el presidente no sepa de esta realidad, de estas mafias que también han permeado el poder judicial, legislativo, político y fiscal. Eso hace que el problema exija un cambio de todo el régimen.
La siguiente pregunta para los candidatos fue: ¿Qué hará usted para combatir la impunidad en el país?
Pablo Pérez señaló que la impunidad es uno de los factores fundamentales de responsabilidad nacional en los cuales el delito está a su libre camino en todo el país. Abogó por una limpieza completa de la Fiscalía General y el poder judicial. Los jueces y demás personal del poder judicial deben tener una carrera. Deben tener, simultáneamente, vocación de servicio e ir a concursos de credenciales que sean serios y transparentes. El poder judicial y la Fiscalía están manipulados por un partido político, acusó el precandidato.
De acuerdo con el gobernador del Zulia, la justicia tiene que ser la columna vertebral para que un país pueda entrar en el mundo del desarrollo. Se comprometió a hacer de Venezuela un país desarrollado con un poder judicial pulcro, desarrollado, independiente y con concursos que den orgullo a los abogados que participen en ellos. Agregó que se debe dar seguridad a jueces, fiscales y trabajadores del poder judicial.
María Corina Machado fundamentó su respuesta en cifras. Aseguró que, para procesar los casos acumulados en el poder judicial hacen falta unos 2.000 fiscales y en este momento solo hay 700. Indicó que, frente a cada juez, está la foto de la jueza María Lourdes Afiuni, quien por responder a su conciencia padece la persecución política de un régimen que ha destruido la independencia del poder judicial. Por lo tanto, hay que rescatar esa independencia, lograr que los jueces sean nombrados por sus méritos y que tengan una remuneración que les permita tener una vida digna. Agregó que el sistema penitenciaron venezolano debe ser modificado pues no es posible que los delincuentes que son detenidos sean puestos en libertad casi de inmediato.
Leopoldo López anunció como primera decisión en su día 1 de gobierno la convocatoria de un consejo nacional de seguridad en donde estén el poder ejecutivo, el TSJ, la Fiscalía General, y la Defensoría del Pueblo. En ese consejo convocará, a manera de veedores, a las organizaciones de DDHH, para ponerlos en el centro de su política.
Advirtió que su gobierno será implacable con la corrupción en la Fiscalía General. Planteará, desde el primer momento, que todos los jueces y fiscales asuman su responsabilidad ante la impunidad y se le presente al país una oportunidad de ampliar las entradas para la justicia. Se ampliarán, además, las casas de la justicia donde los vecinos puedan tener orientación sobre sus casos. La impunidad requiere de la atención del Estado completo. Debe ser la principal prioridad y así será en su gobierno, según prometió.
Diego Arria insistió en que Venezuela está enfrentada no a un gobierno sino a una transición, de 2 o 3 años. Si no se convoca una Asamblea Constituyente que legitime los poderes actuales, que los rescate, no se puede avanzar en ninguno de los otros temas. Advirtió que estamos frente a un sistema que no permitirá gobernar. Sus primeros actos de gobierno serían: liberar a los presos políticos, devolver los canales de TV y convocar una Asamblea Constituyente para legitimar los poderes públicos y reducir el período presidencial a 5 años, aparte de eliminar la reelección presidencial.
Henrique Capriles Radonski comentó que la impunidad, lo mismo que la corrupción, son responsabilidad directa del gobierno. Dijo soñar con una Venezuela con justicia para todos, donde todos sean iguales ante la ley, con un poder judicial autónomo, jueces electos por concursos. Sueña también con cárceles que rehabiliten a los presos. Indicó que para reducir la impunidad hay que acabar las mafias. Y crear cárceles que sean universidades para rehabilitar a las mujeres y hombres de bien. El gobierno tiene que tener la voluntad política para emprender esos cambios.
La siguiente pregunta fue: ¿Qué hará usted para evitar que el narcotráfico penetre las estructuras del Estado?
María Corina Machado señaló la defensa de las fronteras como una tarea primordial de la FANB en ese sentido. Hay que liberar las zonas de exclusión que se han ido formando y limpiar las que se han pretendido convertir en zonas de exclusión, dentro de zonas populares del país. Y advirtió que Venezuela es el principal punto de envío de cocaína a todo el continente europeo.
Leopoldo López advirtió que hay que profundizar la Inteligencia. No se puede seguir el camino de México, que planteó el enfrentamiento sin estar preparado. Se debe profundizar el conocimiento que hoy no se tiene de la realidad. A partir de allí, debe establecerse una política coherente entre los cuerpos policiales y el sistema de justicia para desactivar el narcotráfico y el crimen organizado en el país.
Paralelo a lo anterior, López prometió fortalecer una política de prevención que dé oportunidades de empleo a todos. Ningún joven saldrá del sistema educativo, para transitar por la ruta del hampa. Hay que combinar una propuesta de prevención y un fortalecimiento del Estado.
Diego Arria sostuvo que, al haber presidido el consejo de seguridad de la ONU, pudo ver cómo el tráfico de drogas puede fracturar sociedades enteras. Añadió que en Venezuela hay luces de alarma que indican la presencia de un narcoestado emergente en el país. Reiteró que la FANB está contaminada y dijo que en el comando de la Fuerza Armada hay 4 generales indiciados por tráfico de drogas y de armas. Así —insistió— es imposible pasar a otro nivel de superación. Advirtió que Venezuela estaba a punto de convertirse en un Afganistán con petróleo.
Henrique Capriles afirmó que todo el panorama forma parte de un conjunto de delitos en un país donde hay impunidad. Por ello aseguró que hay que acabar con la impunidad, pues es el grave problema que tenemos en Venezuela. Se puede tener la mejor policía del mundo, la mejor FANB, muy bien equipada y se pueden tener todos los cuerpos especiales. Pero si no se combate la impunidad, si no se tiene un sistema judicial que funcione, si no se cambia ese modelo de impunidad, no se va a acabar nunca con el narcotráfico.
Pablo Pérez calificó al narcotráfico como crimen de lesa humanidad. Hay acciones —según el precandidato— que se deben ejecutar en paralelo: el resguardo de las fronteras es una. Hay que declara la guerra al hampa y al narcotráfico en las fronteras. El tema de la impunidad debe ser combatido. Se debe sacar adelante el tema de inteligencia conjunta con las comunidades, que tendrán la protección del Estado. Aparte de lo anterior, Pérez hizo hincapié en los valores de la familia, los valores que los padres transmiten a sus hijos.
En el área de empleo, a los candidatos se les preguntó cuáles serán sus principales acciones para fomentar el empleo entre los jóvenes.
Leopoldo López aseguró que la posibilidad de tener trabajo está vinculada con una Venezuela segura donde haya inversiones, donde en las fronteras, campos y ciudades haya incentivos para la inversión y así se puedan dar los empleos. Planteó vincular las universidades con el sector productivo, fortalecer un sistema de becas para que los jóvenes se mantengan en las universidades mientras se apoya a sus familias. Hay que construir una economía fuerte donde se genere un ciclo virtuoso de inversión, empleo y fortalecimiento de los jóvenes.
Diego Arria señaló que estamos en un país que no tiene ni la libertad ni el marco de acción que permita el desarrollo de programas para los jóvenes. Indicó que los 8.000 jóvenes que siguen estudios de Médicos Integrales Comunitarios han sido estafados. Ese tipo de estafa en la formación va a gen más desempleo en el futuro, según advirtió. Una de las respuestas que un gobierno debe tener es justicia para esos jóvenes, dándole los recursos para que se puedan formar.
Henrique Capriles se refirió a la ley del empleo juvenil, que se encuentra en la AN, que permitiría dar todas las condiciones a los jóvenes. Aseveró que el actual modelo fracasó y destruye el empleo de los jóvenes y los adultos. La única forma para poder tener progreso en Venezuela es con el empleo decente, de calidad. Y la única forma de crear oportunidades en Venezuela es que lo público y lo privado trabajen en equipo. Que juntos empujen el país hacia adelante para que todos podamos tener oportunidades de empleo digno.
Pablo Pérez abogó por generar nuevas oportunidades y confianzas. Oportunidades para que los jóvenes no se vayan de la educación formal. Habló de impulsar la instalación de escuelas técnicas que brinden preparación a los jóvenes, sin que esas escuelas y la educación superior sean excluyentes. Recalcó que en el estado Zulia más de 80 mil jóvenes han sido becados para cursar estudios superiores en universidades privadas. Dijo que no permitirá que ningún joven pierda la oportunidad de estudiar en una universidad privada en Venezuela.
Aparte de lo anterior, anunció que se va poner en práctica el cumplimiento de la ley para dar oportunidades de trabajo en el sector privado y público a las personas con discapacidades.
Para María Corina Machado, la única manera de superar la pobreza es con el empleo digno y productivo. Es la forma en que los jóvenes pueden lograr autonomía e independencia. Aseguró que no se podrá tener empleo para nadie sin respeto a la propiedad: «Lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar». Solo con inversiones podremos tener una Venezuela que supere la pobreza y dé oportunidad a los jóvenes. Eso es lo que se ha planteado —según dijo— con el capitalismo popular: la posibilidad de que los jóvenes sean emprendedores, para que sean sus propios jefes y salgan adelante.
La siguiente pregunta en el área de empleo fue: ¿Cuántos empleos se generarán en el primer año de su presidencia y cómo lo lograrán?
Esa pregunta dio la oportunidad de Diego Arria de decir que en el evento faltaba la voz laboral, por lo que le hubiera gustado ver a Pablo Medina con ellos. Tras esa acotación, el diplomático dejó claro que para él era una irresponsabilidad decir un número concreto de empleos cuando Venezuela está en un proceso de transición. Así las cosas, hay que rescatar las instituciones y regresar la normalidad al país. Se habla de un país martirizado por un régimen militar, y mientras no se rescate a Venezuela, todo serían especulaciones. Elogió los proyectos de empleo de la MUD y los calificó de «excelentes», pero reiteró que lo primero es recuperar las instituciones. De hecho, dijo que esa recuperación de las instituciones generaba una fórmula mágica: libertad, paz, estabilidad y confianza en el imperio de la ley.
Henrique Capriles señaló la necesidad de entender el tema del modelo. Una empresa expropiada y confiscada no se hace más productiva. Si el Estado es enemigo del empleo, no hay forma de avanzar como país en el camino del progreso, donde todos tengan una mejor vida. Se trata de unir el esfuerzo privado con el esfuerzo público. Se tiene un Estado que quiere administrar todos los recursos y el resultado está a la vista de todos, con la inflación más alta del mundo.
Para Pablo Pérez, la confianza es fundamental. Se pueden producir 1.138.000 empleos el primer año de gobierno y señaló que la nación ha dejado de percibir unos US$ 8.000 millones por los convenios petroleros. Además, el gobierno ha gastado US$ 20.000 millones en comprar armas, cuando el enemigo es la inseguridad, la impunidad, la corrupción y el desempleo. En el sector petróleo, hay que reactivar 20.000 empleos inactivos, mejorar los servicios de agua y electricidad.
María Corina Machado propuso pasar 6 millones de trabajadores informales al sector formal, con acceso al crédito. También propuso desmontar las normas que son barreras para la inversión en Venezuela. Prometió aumentar la producción petrolera y abrir las puertas a las inversiones para permitir la creación de más de 100.000 empresas en los próximos 6 años.
Leopoldo López indicó que la de Venezuela era una economía adicta a las importaciones. Se necesita un compromiso con aplacar la inflación, como prioridad de lo que debe hacer un Estado fuerte. Hay que desmontar el Estado capitalista y pedir un compromiso con generar una economía productiva rentable, que genere unos 3 millones de empleos en las áreas de turismo, agricultura, sector industrial y petróleo.
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