Programas de Opinión
Carlos Larrazábal: La solución a la inflación no es los controles de precios sino las políticas macroeconómicas coherentes / Nadie produce para perder / En 1998 había 11.000 instalaciones industriales y hoy hay 7.000 / Con los controles de precios estamos repitiendo los mismos errores del pasado /
Eduardo Fernández: 50 aniversario del Ifedec / Hay que formular votos por la recuperación del presidente Hugo Chávez / Economía venezolana está comatosa / La propuesta socialista ha fracasado en todos los países donde se ha intentado / Apoyo absoluto a Teresa Albanes
Manuel Peñaloza y Zoraida Parra: Denuncia contra César Pérez Vivas
Aló Ciudadano (Resumen)
Como lo recalcó el presidente de Conindustria, Carlos Larrazábal, Venezuela tiene hoy en día la inflación más alta del mundo, seguida apenas por cinco países africanos. La inflación es, desde hace tiempo, un fenómeno de preocupación mundial, cuya solución ya ha sido descubierta por los países del mundo. Dicha solución no es, por cierto, los controles de precios sino las políticas macroeconómicas coherentes, bien hechas, que incentiven la producción, la competitividad y que no la restrinjan.
Brasil, que llegó a tener una inflación de 2400% en 1994, aplicó el llamado plan Real, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Esa política fue continuada por su sucesor, Lula da Silva, y ahora por Dilma Rousseff. Con ese plan, Brasil pasó de ese índice a 3,4% anual en 3 años. No cambiaron a los empresarios, no los exorcizaron. Era la misma economía de siempre, pero con políticas claras y coherentes que funcionaran.
Los controles de precios han tratado de corregir la inflación por años. Según asegura Carlos Larrazábal, apoyado en una investigación hecha por Conindustria, el primer sistema de controles de precios registrado en la historia de la economía se aplicó en Egipto en el año 2830 A.C. También se aplicaron controles de precios en Babilonia, en la China antigua y también durante el gobierno de Hitler, donde se aplicaron —entre 1921 y 1923— más de 7000 decretos de controles de precios y al final tampoco se controló la inflación. De manera que no existe historia económica en el mundo donde la inflación haya sido abatida por controles de precios.
Carlos Larrazábal pinta claros los hechos: Si la fabricación y comercialización de un producto no obtiene un retorno —ganancia— saludable para su inversión, se deja de invertir, de competir y se produce menos. Nadie produce para perder. En Venezuela tenemos una fórmula inflacionaria: restricción de la oferta, controles excesivos sobre la economía, expropiaciones, todo lo cual genera menos producción. El sector manufacturero ha pasado de 18% a 14% del PIB. En 1998 había 11.000 instalaciones industriales en el país. Hoy esa cifra alcanza 7.000. Hace 6 años importábamos US$ 15.000 millones y el año pasado esa cifra llegó a US$ 46.000 millones.
Tenemos una oferta nacional mermada y por otro lado, un gasto público prelectoral, exacerbado, que crea más demanda sin oferta, que a su vez desemboca en presiones inflacionarias. La única forma de combatir la inflación —insiste el invitado— es aumentando la oferta, no por la vía de los controles.
Estamos repitiendo los mismos errores del pasado. Los venezolanos sabemos ya lo que ha ocurrido en gobiernos anteriores, como el de Jaime Lusinchi, cuando vemos que lo que no se consigue hoy día es justo lo que está regulado. Al final, si no hay un retorno razonable, el proceso empieza dañarse. Los controles limitan las posibilidades de aumentar los beneficios para la población, pues las empresas dejan de reinvertir en su capacidad productiva.
El tema de la inamovilidad laboral, por ejemplo, lleva a que hay empresas con 25% de la nomina en reposo constante porque hay empleados que son reposeros permanentes y las empresas no pueden tomar medidas. La economía está entrampada en una pérdida de competitividad absoluta. Eso se debe —asevera Carlos Larrazábal— a los cercos que el gobierno ha estado montando a la empresa durante los últimos diez años.
Si queremos tener un mejor futuro, hay que hacer las cosas de manera diferente. No se pueden seguir cometiendo los mismos errores de toda la vida. No es solo aspirar a que el gobierno cambie de posición, sino que es necesaria una reflexión de lo que los empresarios tienen que cambiar en su actitud. No puede ser más importante, por ejemplo, conocer al funcionario adecuado para sacar adelante un trámite que ser productivo, competitivo y tener buenas condiciones de trabajo. Esto lo brinda, entre otras razones, el tener condiciones de mercado adecuadas. Cuando la economía se cierra, se presta para prácticas no deseables. Venezuela debe volver a una política respetuosa de gestión de negocios. Si se tiene las políticas adecuadas, la economía se va enrumbando y eso implica una reflexión por parte del empresario, del venezolano y de la actitud del ciudadano, para eliminar la llamada viveza criolla.
Si se ve la regulación de precios y costos justos que se aprobó, se observa que los precios de los productos son fijados a puerta de fábrica, a nivel de mayoristas y a nivel del vendedor al detal. Si se tiene un producto determinado, hay un solo precio. Se nos lleva a un modelo económico centralizado, donde el consumidor no adquiere lo que desea sino lo que consigue que, al final, es lo que el Estado le permite que consuma.
Respecto a las políticas de trabajo social que el gobierno ha impuesto a las empresas en los últimos años a través de diversos instrumentos legales, Carlos Larrazábal comentó que cualquier objetivo social es positivo, pero no se puede perder de vista la competencia. Las cargas tributarias y económicas puestas a las empresas son la raíz de la inflación, a juicio del invitado. Han aumentado los costos de producción en Venezuela y al final del día el trabajador se ve afectado y por eso se hace más conveniente importar cualquier cosa.
Hay eslabones de distribución más amplios, que no son contemplados en la ley de precios y costos justos, como es el caso de los mayoristas de tamaño mediano. Ese eslabón particular no está contemplado en la cadena de precios y eso beneficia a los grandes mayoristas con una capacidad mayor de distribución y perjudica a los pequeños. Lo mismo sucede con las empresas. En los registros de Sundecop se inscribieron más de 112.000 empresas pero se mandaron notificaciones solo a 385. A las empresas se les enviaba correspondencia relativa al establecimiento de los nuevos pero no fue sino hasta el domingo pasado cuando se entregaba la metodología de cálculo de precios. El lunes siguiente, el vicepresidente Elías Jaua anunciaba los precios definitivos de los productos.
Eduardo Fernández
EI Centro de Políticas Públicas Ifedec está cumpliendo 50 años en julio de este año. Eduardo Fernández, ex candidato presidencial, es su actual presidente y explicó que es un instituto que trabaja para preparar gente, no solo en lo doctrinario ideológico, sino para que sea alcaldes, gobernadores. Hay candidatos animados con la posibilidad de asumir responsabilidades de gobierno, pero algunos de ellos pueden sentir que no tienen toda la formación necesaria para cumplir con esas responsabilidades. Hay educación en cultura democrática.
Como lo sostiene Eduardo Fernández, uno de los problemas de muchos países es que están regresando a la cultura del cesarismo, del militarismo. El Ifedec busca hacer sentir que las soluciones no vienen de la mano de las balas sino de los votos. Se preguntó quién podía imaginarse que los guerrilleros del frente Farabundo Martí iban a entender, en El Salvador, que el camino no era la violencia y lograrían llegar al poder por una vía democrática.
Tratando temas de la realidad nacional, Eduardo Fernández sostuvo que se debían formular votos por la recuperación del presidente Hugo Chávez y que ojalá pueda plantearse un debate entre las dos tesis de gobierno. En lo personal, el invitado se puso a la orden del país, a la orden de quien cree que puede aportar algo, por si mismo o a través del Ifedec. A su entender,
esta es la mejor oportunidad para lograr un cambio de gobierno por una vía democrática y pacífica, que es la que siempre se ha aconsejado.
Recordó que en las elecciones de 2006, cuando Manuel Rosales fue candidato opositor, la diferencia a favor del presidente Chávez era muy grande. En este momento, la mayoría de los venezolanos piensa que las ideas y el tiempo del actual gobierno se acabaron y lo que corresponde es un cambio pacífico que no afecte negativamente a nadie y abra oportunidades a todos los venezolanos. La economía venezolana está en un estado comatoso, pero tenemos un ingreso petrolero que permite disimular la gravedad de la crisis.
Al crecimiento del desempleo hay que agregar el empleo informal, que es precario. Por ello el invitado insiste en que es momento de un cambio; aseguró que comprometía al propio Ifedec para contribuir al cambio político que el país necesita. Ya son 13 años y comentó que no es bueno que el poder permanezca mucho tiempo en las mismas manos, como lo dijo Simón Bolívar. El cambio es dar oportunidades a una nueva generación con ideas muy positivas para promover un crecimiento económico con equidad social. Eduardo Fernández siente que están dadas todas las condiciones para ganar. Nunca —en estos 13 años— la propuesta del continuismo había entrado en la contienda electoral en condiciones más adversas, según aseveró.
Lo importante no es tanto pensar en modelos de izquierda o derecha, sino buscar progreso y bienestar. La propuesta socialista ha fracasado en todos los países donde se ha intentado. Que todo esté en manos del Estado es una experiencia que fracasa. En la guerra fría ello quedó evidenciado: de un lado, un país donde todo estaba en manos del Estado y del otro, otro país donde nada está en manos del Estado. La URSS fracasó sin que se le disparara un solo tiro por esa razón. Los cubanos viven en condiciones deplorables y aún persisten en ese modelo económico. La alternativa democrática no propone un modelo capitalista extremo sino una economía social de mercado que busca la generación de empleos, de la mano con la justicia social. El modelo que se está proponiendo para sustituir la experiencia de los últimos 13 años va a construir —a juicio de Eduardo Fernández— muchas casas para entregárselas a la gente.
El invitado se pronunció en contra de las agresiones «absurdas y desconsideradas» contra Teresa Albanes, que ha cumplido una tarea con mucha seriedad y sentido de responsabilidad. Como venezolano, Eduardo Fernández manifestó su más absoluta solidaridad con Albanes y sus compañeros de la comisión electoral de la MUD, pues la atacan por haber cumplido lo prometido, de que los venezolanos podían votar con tranquilidad en las elecciones primarias. Agregó que somos «muchísimos» los venezolanos que estamos al lado de Albanes en esta coyuntura y todos la apoyan.
Eduardo Fernández menciona tres objetivos que deben alcanzarse para el 7 de octubre: uno, que la alternativa democrática gane y gane bien; dos, que el tránsito y reconocimiento del resultado electoral sea transparente. Los venezolanos nos merecemos jugar limpio y que se respete el resultado de la voluntad popular. Tercero, la tarea de gobernar, en un período que no va a ser fácil. Será un gobierno que tendrá que tomar medidas muy trascendentales, dentro del ámbito de mayor consenso que se pueda construir.
Añadió que los venezolanos queremos un gobierno que trabaje para la unidad de todos. Está bueno de tener gente que ofenda a los adversarios y los agreda verbalmente. Es necesario volver a una convivencia civilizada. Es necesario reactivar la economía para que haya más empleo. El alto costo de la vida no se resuelve sino produciendo más y mejor. Es lo que se llama productividad, que no se necesite importar tanto del exterior. Que se ponga a trabajar el aparto productivo nacional.
Eduardo Fernández, en su despedida, dijo estar dispuesto a ofrecer sus opiniones en el nuevo gobierno, pero acotó que Henrique Capriles tiene que elegir sus colaboradores sin presiones por parte de nadie. De todos modos dejó abierta la posibilidad de integrar un gobierno de Capriles si este se lo llegara a pedir.
Reconoció que hay dificultades por delante, pero hay que tener confianza en que vamos a salir adelante que vamos al progreso, a crear un clima de entendimiento. El home está a la vista, en términos del beisbol (Globovisión en vivo).
Dando y Dando (Resumen)
Manuel Peñaloza y Zoraida Parra
Manuel Peñaloza, presidente del Consejo Legislativo del estado Táchira, y Zoraida Parra, miembro de ese consejo legislativo, hicieron pública en el programa una denuncia que previamente habían llevado a la comisión de contraloría de la AN, y compromete al gobernador César Pérez Vivas.
Zoraida Parra señaló que desde el año 2009 la inversión social había sido completamente «castrada» en el estado Táchira en los programas sociales que habían sido propuestos por la revolución bolivariana. Políticas como la vacunación gratuita estaban dentro del presupuesto del estado Táchira, pero desde 2009, cuando Pérez Vivas asumió la gobernación del Táchira, ese subsidio —que alcanzaba Bs.F 16.000— fue eliminado «de un solo plumazo». Esto mismo fue hecho con la Misión Robinson, la Misión Rivas y la Misión Sucre.
Parra insistió: «Veníamos de un gobierno revolucionario. El capitán Ronald Blanco La Cruz subsidiaba a todos los programas sociales, todos los programas educativos que tenía antes el gobierno nacional porque éramos un solo gobierno, un solo pueblo, una revolución. Al llegar César Pérez Vivas, a partir del 7 de enero del año 2009, se da ese corte y de ahí en adelante, como él más nunca volvió a presentar Ley de Presupuesto sino (…) se acoge al beneficio de presentar un presupuesto ya en abril reconducido, pues elimina completamente estos subsidios».
De acuerdo con la concejal, el esquema del gobierno implica fortalecer el sector privado: «Por eso desestiman los CDI, desestiman el hospital Central, tuvo que ser intervenido por la ministra Sader». Agregó que la gobernación creó un programa paralelo, con una fundación dirigida por la primera dama del estado, «con orientaciones muy distintas». Aseguró que en el Táchira se otorgan becas universitarias a los jóvenes «manitas blancas que les sirven a ellos para desestabilizar al estado Táchira», pero se trata de programas que no tienen arraigo en los sectores más desfavorecidos.
Añadió que el gobierno de César Pérez Vivas era fascista y eso se ponía de manifiesto con el cierre de varios CDI y el despido de unos 3.000 funcionarios, lo cual originó una causa judicial que generó una sentencia aún no cumplida por la gobernación.
Según la denuncia concreta, presentada el 9 de febrero ante la plenaria del Consejo Legislativo del Táchira e introducida en tribunales, Bs.F 4.504 millones fueron repartidos en dos quincenas «de la forma más vulgar, más inexplicable (…) entre montos de Bs.F 10.000 (…) y Bs.F 475.000 (…). Ahí están funcionarios públicos, personalidades políticas de la oposición, familiares, parientes (…). Se pagaban y se daban el vuelto con la plata del pueblo del estado Táchira».
Según el presidente del Consejo Legislativo, en esa presunta maniobra del gobernador Pérez Vivas hay una serie de delitos, entre los que mencionó el peculado, daño al patrimonio público y asociación para delinquir. Agregó que había factores de oposición que reconocían que «aquí hay una situación que nunca antes se había visto en la historia de Venezuela».
Ese dinero, que pertenecía —según los invitados— a la partida presupuestaria del personal de la gobernación, fue depositado en cuentas personales. Se habla de unas 22 personas que se quedan con 80% del dinero: «Ya 4 o 5 personas están detenidas en este instante, precisamente porque han confesado (…) y estamos seguros que muchas más personas van a venir cayendo».
Entre los favorecidos habría algunos familiares del gobernador, así como personas que nunca habrían pisado la sede de la gobernación, según comentó el invitado. Este caso demostraría —así lo dijo Manuel Peñaloza— que estamos frente a un «gobierno insensible» que no se preocupa por los problemas del Táchira y ha estado viajando dentro y fuera del país «sin contar con el apoyo del Consejo Legislativo» en cuanto a que debe solicitar los permisos y autorizaciones respectivas.
De acuerdo con el concejal Peñaloza, la gobernación del Táchira ha recibido un total Bs.F 1.620 millones por concepto de situado constitucional. Aseguró que una comisión de la AN viajará al Táchira a investigar el caso (VTV en vivo).
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