Programas de Opinión
José Guerra: No se va a tolerar que un grupúsculo quiera azotar a la UCV / Cómo se pretenden pagar las prestaciones sociales / Qué son los bonos Petrorinoco / El Estado debe US$ 10.000 millones en prestaciones a los trabajadores del sector público / El gobierno no ha cancelado esta deuda por falta de voluntad política / El Estado debe unos US$ 10.000 millones a los trabajadores / Al trabajador se le va a pagar con un papel, con una promesa de pago / Con bonos, el trabajador no va a recibir el pago completo de sus prestaciones / Si el bono no tiene un rendimiento que vaya parejo con la inflación, el trabajador está siendo robado / Dirigentes sindicales deben defender los intereses de los trabajadores
Pablo Pérez: El gobierno partidizó la situación del agua en Monagas / Lo que sucede en Monagas, el sur del Lago y el centro del país no es orquestado por los gobernadores de oposición / Las misiones van a ser mejoradas en sus mecanismos de inclusión y eficiencia / Las madres del barrio podrán insertarse en el campo laboral / La unidad está funcionando por completo / Henrique Capriles entiende perfectamente las aspiraciones de la provincia / El gobierno actual lleva 4 elecciones haciendo promesas / El 7 de octubre, Venezuela va a votar sin miedo por Henrique Capriles / Hugo Chávez jamás ha dado la cara en el tema de la seguridad / El gobierno vive hablando de golpe de Estado
Will Rangel y Francisco Torrealba: Pormenores de la creación del fondo con que se van a pagar las prestaciones sociales de los trabajadores / «El candidato de la oposición ha venido recibiendo lineamientos de la oligarquía colombiana» / En el comando de Capriles hay una mezcla de homosexualismo y antifeminismo / En las giras de Capriles llevan gente de otros lados porque en los sectores populares nadie lo recibe
Aló Ciudadano (Resumen)
José Guerra
El economista y profesor universitario, José Guerra, comentó en primer lo ocurrido ayer en la UCV, que para él fue un acto de salvajismo de un grupúsculo autodenominado M-28 que decretó un paro estudiantil ayer. Ese grupo, constituido por unos 10 estudiantes, decidió por el resto de la comunidad que no iba a haber clases, destrozaron las entradas de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES), rompieron las mesas donde los estudiantes comen y conversan, y ocasionaron otros destrozos.
En el salón Alberto Adriani, que fue una donación de Econoinvenst y es uno de los salones mejor dotados de la UCV, las mesas plegables fueron utilizadas como barricadas y las rompieron. La presión estudiantil hizo que ese grupúsculo desistiera de tomar la escuela de Economía y las demás escuelas de FACES, como pretendía inicialmente.
Hoy, los estudiantes manifestaron de manera masiva y sorprendente en contra de estos hechos violentos, según relató Guerra, que también es profesor de la UCV. Añadió que no se puede tolerar que estos grupúsculos no concurran a elecciones pero en cambio se arroguen la representación de los estudiantes para azotar la universidad.
Esto es parte de un plan en conjunto con una fracción de empleados de la universidad a los que el ministerio de Educación Superior no les paga y entonces se desquitan cerrando la UCV, con el caos e ingobernabilidad que esto trae. José Guerra aseveró que estos grupos no van a poder propiciar una intervención de la universidad. La intención es golpear a la universidad y atemorizar a la comunidad universitaria, a través de un camino de violencia.
Entrando en materia económica, ayer el presidente de la República, desde Cuba, anunció que parte de la deuda del Estado por concepto de prestaciones sociales será pagada con la emisión de bonos llamados Petrorinoco. Guerra explica que el Estado venezolano tiene dos tipos de deuda con los trabajadores. En 1997, el presidente Rafael Caldera eliminó la retroactividad de las prestaciones y creó lo que en su momento se llamó la transición, donde se ordenó el pago de todas las prestaciones y se hizo una especie de borrón y cuenta nueva.
El Estado, en ese momento, estaba obligado a pagar las prestaciones a sus empleados para empezar 1998 desde cero. Las empresas privadas cumplieron con esta normativa, pero el Estado no. En este caso, no es que el Estado esté atrasado. El del atraso es el gobierno actual.
El otro tipo de deuda es el siguiente: Un maestro que se jubile ahora, obviamente debe recibir sus prestaciones, cosa que no ocurre en la práctica. Como esas prestaciones no se le pagan, se acumulan. Si esto ocurre, el trabajador tiene derecho a cobrar una tasa de interés calculada sobre estas prestaciones, para protegerse de alguna manera de la mora del Estado. Entre la deuda de la transición y la deuda por intereses acumulados no cancelados, se calcula que el Estado debe unos US$ 10.000 millones a los trabajadores.
Como lo resalta José Guerra, con lo que se ha regalado al exterior, ya esa deuda se habría cancelado, pues se calcula que al exterior se han regalado unos US$ 30.000 millones. Si el gobierno no ha cancelado esta deuda, no ha sido por falta de recursos sino por falta de voluntad política.
El presidente Chávez lanza esta propuesta como una especie de cheque de goma que se le va a dar a los trabajadores. Chávez dice que va a cancelar de inmediato unos US$ 1.700 millones, es decir, un 10,17% de la deuda, con lo que resta el 83%. Ese resto sale de varias formas: una, las ganancias que produzcan las asociaciones estratégicas entre Pdvsa y algunas empresas. Y dos, por el impuesto que las compañías extranjeras pagan por la explotación del petróleo. Tres, Pdvsa va a emitir más papeles de deuda.
Lo más peligroso de esto —advierte José Guerra— es que es Pdvsa la que va a asumir el rol financiero de contar esos pasivos financieros para pagarlos después. El invitado se pregunta si Pdvsa, que no pudo reparar una fuga en el río Guarapiche, va a estar en condiciones de manejar un negocio financiero de esa magnitud.
Adicional a lo anterior, el invitado explica que hay dos instrumentos financieros básicos en economía. Uno es la acción y el otro, el bono. Cuando un individuo compra acciones de una compañía, posee una parte pequeña de ella, por la que recibe un dividendo. Un bono, en cambio, no genera dividendos sino que produce un rendimiento. Ayer el ministro Rafael Ramírez dijo que los bonos de Petrorinoco (con los que se pretende pagar parte de la deuda de las prestaciones sociales) iban a generar dividendos, como si fueran acciones.
Esto es una barrabasada, a juicio del economista. Pero más allá de eso, el tema fundamental es que el Estado venezolano es un Estado moroso con sus trabajadores. Hoy, un trabajador que se jubiló hace 5 años y le tocaba recibir sus prestaciones sociales en ese entonces, con lo que se hubiera podido comprar hace 5 años, hoy solo podrá comprarse una licuadora.
Al trabajador se le va a pagar con un papel, una promesa de pago que el gobierno hace, que consta de tres partes: el emisor, la tasa de interés de ese papel y el plazo. Cuando a uno le pagan ese bono, tiene dos alternativas: conservar el bono hasta su vencimiento o reclamar liquidez y vender ese bono, algo para lo cual el trabajador deberá esperar dos años. Cuando este bono sea negociado, el trabajador se encuentra con que no recibe el valor completo que pagó por ese papel, sino la mitad porque se vende con un descuento. De modo que, por esa vía, el trabajador no va a recibir el pago completo de sus prestaciones.
Recapitulando, el gobierno ha concebido tres formas de pagar la deuda contraída con los trabajadores: Una, a través de un fondo de ahorro que se irá alimentando de las ganancias que Pdvsa obtenga a futuro, producto de sus asociaciones con empresas petroleras asentadas en la faja petrolífera del Orinoco. Dos, con parte del impuesto que las compañías extranjeras pagan por la exploración y explotación del petróleo y tres, con un bono; es decir, el Estado va a pagar una deuda con la emisión de otra deuda.
¿En el pago de estos bonos Petrorinoco está calculada la tasa de inflación? Es algo que no se sabe pues el proyecto de reforma de la LOT es un secreto muy bien guardado. Lo cierto es que si al trabajador le pagan con un bono, tenga el nombre que tenga, y ese bono no tiene un rendimiento que vaya parejo con la inflación, está siendo robado. Recibe un pago que no tiene una compensación con la tasa de inflación. Hay que ser cuidadosos; a los dirigentes sindicales les toca hilar muy fino sobre este particular para evitar que los trabajadores sean esquilmados como ocurrió en el pasado.
Guerra insistió en que el trabajador va a salir trasquilado de esa relación. Si las prestaciones sociales no se pagan a tiempo y si el bono se negocia con descuentos fuertes en el mercado secundario, al trabajador no se le paga el 100% de lo que se le debe. Reiteró su llamado a los dirigentes sindicales para que «se pongan las pilas y defiendan el interés de los trabajadores», para que se les pague esta deuda en efectivo. Cuando el bono sea negociado en el mercado secundario, de entrada va a valer un 25% menos de su valor inicial, en el mejor de los casos.
Si hubo transición en 1997 y todas las empresas privadas pagaron las prestaciones a sus empleados, ¿cómo es que el Estado no cumplió esa obligación en su momento? Ese mínimo no puede ser aceptado ni el trabajador tiene por qué aceptar sacrificarse de ese modo por los errores u omisiones del gobierno. José Guerra reiteró que hay que exigir el pago completo —y en efectivo— de la deuda para los trabajadores, que además siempre han sido las víctimas en estas situaciones.
Pablo Pérez
El gobernador del estado Zulia y ex precandidato presidencial, Pablo Pérez, hizo algunos comentarios sobre la reunión que sostuvo con el gobernador de Lara, Henri Falcón. Allí explicó que fue tratado el tema del cerco que se le ha instalado al gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, a raíz de su actitud frente a lo sucedido con el derrame petrolero que afectó al río Guarapiche. Briceño salió a defender el pueblo de Monagas por la situación del agua contaminada con hidrocarburos. Lo que sucede en Monagas, el sur del Lago y el centro del país no es nada orquestado por los gobernadores de oposición. Pérez sostiene que el deber de ellos, como gobernantes elegidos por el pueblo, es defender los intereses de ese pueblo. El gobierno lo que hizo fue partidizar lo que Briceño está haciendo al defender los intereses de su pueblo.
Desde el gobierno están pisoteando la Constitución y la voluntad de un pueblo, según dijo Pablo Pérez. Los gobernadores defienden sus derechos y tienen sus competencias, entre ellas organizar su propia policía. Este no es un tema de un partido político sino de un pueblo que sale a votar para elegir a sus autoridades regionales. En esa reunión, Henri Falcón dijo que hay gobernadores cercanos al gobierno central, pero conversando con los gobernadores de oposición. Son varios mandatarios regionales en esa línea, que conversan con sus adversarios políticos porque a nadie le puede gustar que se le designe una autoridad a dedo.
La amenaza de eliminar las misiones, por ejemplo, es un terror que se le quiere crear a las personas. A los beneficiarios de estas misiones o los empleados públicos, Pablo Pérez garantizó que Henrique Capriles Radonski no va a llegar a perseguir a nadie. Las misiones van a ser mejoradas en sus mecanismos de inclusión y eficiencia. Hay que reabrir los módulos de Barrio Adentro, hacer que los jóvenes que estudian en la UNEFA tengan una buena infraestructura, con un buen servicio de transporte, becas y oportunidades para enrumbarse en ese progreso. Las madres del barrio, por ejemplo, tendrán oportunidad de insertarse en el campo laboral, los adultos mayores van a recibir el afecto del gobierno. No se le va a obligar a la gente a militar en un partido político. Va a existir una Venezuela multicolor, donde se van a respetar las ideologías de cada uno, pues un gobernador está para gobernar y fomentar la unidad.
Pablo Pérez aseguró que la unidad está funcionando «por completo». A esa unidad se están incorporando en municipios, parroquias, sectores, haciendo todos los esfuerzos necesarios. Cada uno de los ex precandidatos ha venido llamando a la incorporación, jamás con una diferencia hacia Henrique Capriles. El gobernador del Zulia manifestó que las primarias ya quedaron atrás y ahora están en ese camino donde unidos sean cada vez más fuertes.
El invitado aseveró, además, que se siente muy bien dentro del Comando Tricolor y Henrique Capriles entiende perfectamente las aspiraciones de la provincia. No es nadie improvisado, conoce las vicisitudes del poder municipal, es gobernador de Miranda. Y Miranda y Caracas han sufrido los embates del centralismo, como ocurrió con Antonio Ledezma en la Alcaldía Metropolitana. Además, Capriles sabe escuchar y entiende las necesidades de un pueblo. Y aboga por el retorno de la descentralización.
¿Cómo enfrentarse al gobierno cuando no se tienen los mismos recursos económicos? Pablo Pérez recordó que el gobierno siempre está en una ofensiva de engaño y promesas. El gobierno actual lleva 4 elecciones haciendo promesas y cambiando nombres a misiones, prometiendo puentes, vías, reactivación económica donde no se ve nada por ningún lado.
A juicio de Pablo Pérez, la nueva LOT está muy escondida. Algunos consideran que con ese nuevo instrumento legal se van a eliminar los sindicatos y se va a reducir la jornada laboral. Lo importante de esto —sostiene el gobernador— es brindar beneficios a los trabajadores del sector público y privado sin demagogia, consultando todos los sectores para llegar a un acuerdo. El diálogo es el que debe privar sobre estas cosas.
Pérez aseguró que ya se firmaron contratos colectivos con los empleados públicos en el estado Zulia y se dieron beneficios a cada uno de los sectores, siempre dentro de las limitaciones económicas que el Zulia atraviesa. Este gobierno, en cambio, no dialoga sino que siembra odio, peleas y divisiones. El 7 de octubre, Venezuela, pensando en su futuro, va a votar sin miedo por Henrique Capriles, pues representa una nueva forma de hacer política, que cree en una Venezuela de inclusión, donde el sector público y privado puedan trabajar en conjunto.
Respecto al tema de la inseguridad y al tendencia del gobierno a responsabilizar de esta a los gobernadores de oposición, Pablo Pérez comentó que le propio ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, lo ha felicitado a él y al cuerpo policial del Zulia. De eso ha quedado registro de video, según dijo el gobernador. Hoy se le aprobó un crédito adicional a la gobernación del Zulia, que es para la compra de 80 patrullas nuevas y 200 motos.
Pérez dijo que el gobierno central siempre quiere escurrir el bulto en ese y otros temas. Añadió que él pertenece al plan Dibise e insiste en que hay que trabajar los tres niveles del gobierno, pero el tema quiere ser politizado. El gobernador comentó que tiene 4.800 policías y de ellos, 300 están asignados a labores de custodia de detenidos en arresto domiciliario. El tema de la inseguridad no es solo de los ministros del gabinete: el único responsable es el presidente de la República, como primera autoridad de la Nación, que dicta la política de seguridad dentro de Venezuela. Hugo Chávez es el primero que debe llamar a todos los gobernadores para trabajar en conjunto y jamás lo ha hecho. Jamás ha dado la cara en el tema de la seguridad.
Ya desde el gobierno se habla de que la oposición se va a ir por el camino de la violencia el golpe de Estado si resulta perdedor en las elecciones del 7 de octubre. Pablo Pérez comentó que el gobierno vive hablando de golpe de Estado, y resulta que se le quiere dar golpe de Estado a José Gregorio Briceño. Se da golpe de Estado todos los días cuando no se respeta la Constitución. La violencia la genera el mismo gobierno, que hasta utiliza el canal del Estado para inventar infamias contra cualquiera que opine distinto a él. El gobierno tiene que entender que Venezuela es otra y que ellos llevan 14 años en ejercicio del poder.
¿Qué le quedó al gobernador del Zulia de la campaña que hizo durante las elecciones primarias? La respuesta de Pablo Pérez: una madurez política y personal, una visión más sólida de Venezuela fuera del Zulia y el compromiso con el futuro del país (Globovisión en vivo).
Will Rangel y Francisco Torrealba
El presidente de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores, Will Rangel, y Francisco Torrealba, integrante de la comisión presidencial para la discusión de la LOT, hablaron en el programa de cómo van las discusiones sobre la nueva LOT y qué se perfila para este instrumento legal. También hablaron de los mecanismos con que se van a pagar las prestaciones sociales, entre ellos el fondo nacional de ahorro cuya creación ordenó el presidente Hugo Chávez.
Para Will Rangel, el anuncio de la creación de ese fondo es la noticia más importante que los trabajadores han recibido en las últimas horas. Agregó que la creación de ese fondo es posible solo porque Pdvsa es soberana y del pueblo. Esto es parte del esfuerzo que el gobierno hace para «devolverle esa estafa que en el 97 la oligarquía de este país, conjuntamente con el FMI y el Banco Mundial, nos arrebataron a la clase trabajadora». Según agrega Rangel, el fondo de ahorro va a ser sustentable en el tiempo y manejado por Pdvsa Social, la nueva división de Pdvsa que fue creada con este fin.
En este modo de pago también participa la Corporación Venezolana del Petróleo. La asociación se lleva adelante con el dinero de los trabajadores venezolanos, «con los que siempre fueron explotados y nunca se les reconocieron sus derechos», como lo explicó Rangel. Así se evitan comentarios futuros en el sentido de que Pdvsa esté siendo privatizada.
Para Francisco Torrealba, la creación de ese fondo de ahorro es «la noticia más importante que, en términos de la clase trabajadora venezolana y la clase obrera venezolana se ha dado, que tiene que ver precisamente con el contrasentido que le ha impuesto la revolución bolivariana y el socialismo al capitalismo y al entreguismo fondomonetarista y bancomundialista». Agregó que este es el primer gobierno que asume la responsabilidad de pagar las deudas que otros gobiernos han contraído, al tiempo que aseguró que «la deuda que se tiene con los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, en términos de las prestaciones sociales del viejo régimen y del nuevo régimen, no las ha generado el gobierno del presidente Chávez. Son deudas que se adquirieron. Cuando el gobierno del presidente Chávez llegó a la jefatura del Estoado, ya había más de US$ 19.000 millones que se les debía a los trabajadores y las trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela».
Torrealba insistió en que la clase trabajadora debía llenarse de júbilo porque este es el primer gobierno que asume la responsabilidad de pagar, al contrario de otros gobiernos que se endeudaban, pues en otro caos estaría ocurriendo lo mismo que en países de Europa, donde hay una involución de los derechos de los trabajadores y sus reivindicaciones. Para Torrealba, además, el fondo es «tremenda antesala a lo que va a ser el 1 de mayo y a lo que va a ser la nueva LOT», además de que viene a ser una demostración clara de la continuidad en la línea de acción política que ha tenido el gobierno de Hugo Chávez, relacionada con la recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario, la entrega de pensiones a «los excluidos e invisibilizados de siempre», el acceso a la salud y la educación.
«Hay un beneficio global que hoy se complementa con esta responsable medida que ha anunciado el presidente, que es de pagar las deudas de otros gobiernos», concluye Francisco Torrealba su tesis. El representante sindical explicó que el fondo tiene como objetivo no solo pagar lo que se le debe a los trabajadores sino «garantizar que lo que se promulgue desde el 1 de mayo en adelante tenga una fuente de financiamiento asegurada (…) para que no se repita lo que ocurría en el pasado (…), que la gente se moría y nunca cobraba sus prestaciones sociales».
Francisco Torrealba explicó que el gobierno ya ha hecho una primera investigación sobre los pasivos laborales que se tienen, y que descansan principalmente a nivel de los gobiernos regionales y las alcaldías. Esos pasivos laborales, en el gobierno central, se encuentran enfocados en los sectores salud y educación. Puede ser que haya trabajadores de otros sectores que tengan deudas pendientes documentadas y podrán acudir a decir que se les deben pagos, para «terminar de sustanciar (…) la cuantificación de la deuda».
Torrealba dijo que en 1997, cuando se eliminó la retroactividad de las prestaciones, Fedecámaras y la CTV nunca pagó ese dinero a sus empleados, sin preguntar nada a nadie, según la receta impuesta desde el FMI. Aseguró que desde la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores serán defendidos los derechos de los trabajadores.
Terminado el tema del pago de las prestaciones, los dos invitados tuvieron palabras para referirse a Henrique Capriles Radonski. Francisco Torrealba comenzó por decir que «el candidato de la oposición ha venido recibiendo lineamientos de la oligarquía colombiana (…), abusan de la paciencia o de la tolerancia del pueblo venezolano». Agregó que, en el comando de campaña de Capriles hay «una extraña mezcla de homosexualismo y antifeminismo, porque no es casualidad todas estas agresiones de las cuales han venido siendo objeto las periodistas, especialmente (…). Todo está dentro de un plan diseñado como para pretender que no se le hagan preguntas incómodas, que no se les recuerden situaciones concretas que están en el pasado reciente y que tienen que ver con lo que hoy tratan de enmascarar, que es su verdadera realidad: su condición de representantes de la ultraderecha y de su xenofobia y su animadversión por el pueblo de a pie, por el común denominador, por los venezolanos normales y corrientes».
Según Torrealba, cada vez que un comunicador del sistema nacional de medios públicos cubre una gira de Henrique Capriles, queda al descubierto que «todo es una mampara, que todo es un teatro, que todo es una cuestión absolutamente fingida, que llevan gente de otros lados para tratar de decir que hay una movilización cuando la gente de los sectores populares obviamente no sale a recibirlo» (VTV en vivo).
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