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miércoles, 23 de noviembre de 2011

Programas de Opinion

Programas de Opinión

Aló Ciudadano

Moisés Bittán Sultán: Ley de costos y precios justos es una ley regresiva desde el punto de vista de ampliar la oferta de bienes y servicios / Ley cercena directamente las decisiones del cuerpo gerencial de cualquier empresa / Los consumidores, a mediano plazo, van a conseguir menos productos en el mercado / Con esta nueva ley habrá menos puestos de trabajo / La ley de costos y precios justos afecta a toda la población

 

José Antonio Cova: Se le va el poder a Hugo Chávez / La sensación de la gente es que aquí no hay gobierno / Chávez dice que está totalmente recuperado para autosugestionarse / Con las nuevas leyes, Hugo Chávez va a hacerle la vida imposible a cualquiera que venga a sustituirlo / El país sufrirá un cambio radical a partir del 13 de febrero de 2012 / Nadie del mundo militar dio las gracias a Chávez por el aumento salarial concedido

 

Dando y Dando

Federico Chang: Hay «ciertas informaciones que están un poco distorsionadas» / Denuncias sobre el fondo chino son «un poco injustas» / No se puede generalizar con el gentilicio chino / La dinámica entre China y Venezuela debe fortalecerse a través del intercambio social y cultural

 

Andrés Eloy Méndez: Defensas al fondo chino y a la ley de costos y precios justos

 

Aló Ciudadano (Resumen)

Moisés Bittán Sultán

El presidente de la comisión de economía y finanzas de Fedecámaras, Moisés Bittán Sultán, hizo un análisis de la ley de costos y precios justos, lanzada ayer en cadena nacional de radio y televisión. Para Bittán, esta es una ley regresiva desde el punto de vista de ampliar la oferta de bienes y servicios con la intención de contraer la inflación. Aseguró que en Fedecámaras comparten con el gobierno la preocupación ante los altos niveles de inflación que se vienen registrando, pero expresó que este tipo de leyes, lejos de abatir la inflación, la incrementan porque uno de los elementos que incide sobre los índices de precios de los productos y servicios es la oferta. Este instrumento legal cercena directamente las decisiones del cuerpo gerencial de cualquier empresa y son directamente asumidas por un grupo de funcionarios que ahora, de manera discrecional, pueden determinar a qué precio se puede vender o no tal o cual bien y qué insumos no son necesarios para el país.

 

De acuerdo con Moisés Bittán, hoy, con la complejidad que encierra llevar un bien al mercado, se requiere de un mundo estrechamente interrelacionado de insumos, donde en este momento, de paso, es muy difícil conseguir divisas. Esa situación se va a agravar con esta nueva ley. De otro lado, si los precios de bienes y servicios se congelan, el recurso humano que trabaja en las empresas no va a ser incentivado. Y los consumidores, a mediano plazo, van a conseguir menos productos en el mercado.

 

Como lo señala el invitado, desde Fedecámaras se ha venido alertando el hecho de que, si bien este año el PIB ha crecido, la economía viene siendo nacionalizada y la hegemonía de la actividad económica es del Estado, en detrimento de la economía privada, que es la mayor productora de puestos de trabajo. Ahora, con esta nueva ley, habrá menos puestos de trabajo y menos productos en el mercado. En estos momentos hay una bonanza petrolera pero a mediano plazo bien podríamos tener una depresión de esos precios por la crisis europea y eso de alguna forma puede incidir en la actividad económica. Y si la actividad económica no está diversificada, Venezuela se verá en graves aprietos.

 

Bittán advirtió que la deuda venezolana viene creciendo a niveles alarmantes y es difícil entender cómo es que con un barril de petroleó a más de US$ 100 seguimos endeudándonos. Esto también incide en la ley de precios y parece hilvanado en un plan que parece restar deliberadamente poder a la empresa privada para que el Estado pueda erigirse como el único proveedor de bienes y la única fuente de empleos.

 

En contraste, uno de los grandes éxitos de Colombia en los últimos 15 años es la forma como ha firmado acuerdos de libre comercio con otros países del mundo, ha hecho sus empresas más competitivas y ha abierto el mercado. Esto ha atraído inversionistas del exterior y generado más empleo, en lo que viene a ser un círculo virtuoso.

 

Moisés Bittán reitera que el tema de la ley de costos y precios justos no se circunscribe solamente a los empresarios y los trabajadores afectados que laboran para las empresas cuyos productos son objeto de congelación de precios. Es una ley que afecta a toda la población venezolana. Por ello, el invitado cree que los diputados de la AN, así como los sectores de la sociedad venezolana, deben sacar tiempo para la reflexión y poner en la palestra las implicaciones de esta ley, que cercena el derecho económico de cientos de miles de venezolanos y, por otro lado, condena a la extinción a muchas empresas que generan fuentes de empleo.

 

Esta ley tiende a reducir espacios al sector privado y, en vez de generar nuevos puestos de trabajo, tiende a aislarnos un poco más y afianza el concepto de insularidad económica. Estas leyes reducen el espectro de empresas que generan bienes y servicios, dejando esa tarea completamente en manos del Estado, que es el único que puede producir y vender a pérdida.

 

Por un lado, Moisés Bittán ve como un aspecto negativo y regresivo, que en vez de formalizarse la actividad económica, se va a incrementar la economía informal. Ya se da el caso de que en mercados informales se consiguen los productos de primera necesidad a precios exorbitantes. El invitado dejó sentado que Fedecámaras rechaza contundentemente la especulación y los ilícitos económicos. Afirma que hay que ir hacia la formalización de la economía y para eso hace un llamado al gobierno, con la mejor voluntad, para generar mesas de trabajo a los efectos de poder seguir llevando los mejores bienes y servicios a los mejores precios. Un precio justo es aquel que se puede llevar a un menor precio, pero para eso debe haber abundancia de oferta.

 

Bittán agregó que, al congelar los precios de bienes y servicios, no se pueden trasladar los beneficios de las empresas a los trabajadores simplemente porque ya las empresas no tendrán beneficios. En ese sentido, esta ley representa una confiscación general a la gerencia y administración de todas las empresas. Ahora están supeditadas a que una serie de providencias emanadas de la nueva superintendencia de precios justos decidan los precios. Son más de 500.000 productos que llegan a los consumidores y los empresarios no saben si las providencias llegarán de manera eficiente, sobre todo con los antecedentes de la tardanza gubernamental para otorgar las divisas para importaciones.

 

Esta ley afecta más a las pequeñas y medianas empresas, así como los sectores populares que trabajan por cuenta propia, que ahora están obligados a inscribirse en el registro que la superintendencia de costos va a llevar adelante. Hay que esperar por los mecanismos mediante los cuales ese registro se realizará.

 

Como despedida, Moisés Bittán reiteró el llamado al diálogo hecho por Fedecámaras. Insistió en que los empresarios quieren trabajar técnicamente con el gobierno para dilucidar cualquier duda en torno a la aplicación de esta nueva ley que, si bien rechazan, van a acatar. Lo que los empresarios quieren —insistió— es generar beneficio para todos.

 

José Antonio Cova

Para el sociólogo y profesor universitario, José Antonio Cova, debe haber alguna explicación para estas últimas leyes que el gobierno ha lanzado a la calle. Son leyes que Hugo Chávez no solo ha firmado sino que ha aprovechado para desbocarse atacando a sus enemigos, y casi haciendo sentir al país que esta es su forma de mantener un poder que se le va.

 

Que el poder se le va significa que el país le exige al gobierno que gobierne. La sensación de la gente es que aquí no hay gobierno. En los momentos más álgidos para los caraqueños —por cuenta del tráfico—, el único auxilio que tienen es por Twitter o por los programas de radio que informan sobre el tráfico, ante la ausencia radical de las autoridades.

 

Si de ausencia de autoridades se trata, Cova coloca como ejemplo a la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, a quien nunca se ha visto en la calle «ni para inaugurar un foco». Ella no existe para los caraqueños. Es lo mismo que sucede en las alcaldías y gobernaciones oficialistas: no existen, no dan la cara. No hay gobierno porque el presidente Hugo Chávez tiene una sola y única preocupación: su grave enfermedad.

 

A juicio del invitado, Hugo Chávez insiste en que está totalmente recuperado como una forma de autosugestionarse. Chávez tiene que saber que el cáncer sigue su proceso propio y no depende de la voluntad del enfermo, como si fuera cuestión de amenazar con lo de «Si la naturaleza se opone a nuestros designios...». Y los hombres son más temerosos que las mujeres cuando se les detecta una enfermedad grave como el cáncer. Chávez sabe que quienes conocen realmente el nivel de gravedad de su enfermedad son los médicos cubanos. El resto del país no sabe nada y los que menos saben son los médicos del hospital militar, que salieron a contradecir a Salvador Navarrete.

 

¿Cómo se van a analizar las leyes que tienen que ver con la vivienda y el precio justo en este momento? José Antonio Cova sostiene que debe haber gente que le habrá planteado a Hugo Chávez las consecuencias de las leyes que ha lanzado. De modo que esto pudiera ser una despedida, en el sentido de que el gobierno sabe que va a perder las elecciones y el propio Chávez no sabe si vivirá en el futuro cercano, pero de todos modos va a hacerle la vida imposible a cualquiera que venga a sustituirlo.

 

En lo que se refiere a las elecciones presidenciales de octubre de 2012, Cova asegura que la campaña política ya empezó. Del lado del presidente Chávez, es obvio que lleva varias semanas en campaña. De hecho, ha intentado desesperadamente convertir su enfermedad y su tratamiento en un asunto de campaña. Desde el punto de vista de la oposición, es interesante y útil que todos los precandidatos estén recorriendo el país porque así se dan a conocer cada vez más. Como sea, el invitado asegura que el cambio radical para la vida del país se va a dar a partir del 13 de febrero del próximo año.

 

Cova opina que, una vez que se sepa quién es el candidato de la oposición, las cosas se van a mover con celeridad asombrosa e incluso harán falta talanqueras. Ahí se verá lo dañino que fue poner las elecciones el 7 de octubre, con las clases recién iniciadas (es decir, sin posibilidad de que haya electores que viajen al exterior, como se ha hecho en ocasiones anteriores). Resaltó que dentro de unos pocos días al gobierno le quedarán apenas 10 meses de vida. Del mismo modo, tiene la impresión de que es falsa la idea de que, cuando pierda las elecciones, el gobierno va a usar el tiempo que le queda para hacer desastres. Lo que se verá es una desbandada del lado del gobierno.

 

Para el invitado, es muy significativo el caso del exministro Francisco Garcés, al que el presidente Chávez destituyó por vía telefónica y dividió en dos el ministerio, en un momento en que el país se cae a pedazos. La sensación es que ya no hay nada que hacer; nadie maneja los recursos. Se dice que el presidente tiene represada una fuerte cantidad de fondos para irlos soltando gradualmente. Pero Cova se pregunta de qué sirve aflojar ese caudal de dinero si no hay nada que comprar: no se consiguen todos los alimentos que se conseguían antes, hay escasez de repuestos automotrices, los medicamentos están agotados.

 

¿Cómo queda la FANB en este clima? Para José Antonio Cova, lo más interesante de la FANB tiene que ver con dos datos. El primero, cuando el general Henry Rangel Silva alabó al presidente Chávez y dijo que no se reconocería un triunfo electoral de la oposición. La respuesta que obtuvo de la institución militar fue un silencio total, que hizo que el general no se atreviera a abrir la boca nuevamente. Se quedó solo con esas declaraciones.

 

El otro dato es que el presidente Chávez decreta un aumento de salarios para el sector militar, que es proporcionalmente mucho mayor en comparación con el aumento concedido a los médicos y maestros. Y no hubo ninguna reacción particular del personal militar dando las gracias (Globovisión en vivo).

 

Dando y Dando (Resumen)

Federico Chang

Federico Chang, presidente del grupo comunicacional de China en Venezuela, encargado de llevar las comunicaciones en todo lo relacionado con los convenios entre Venezuela y China, sostuvo en el programa que los gobiernos de China y Venezuela crearon el fondo como una forma más de relacionarse, basados en el área energética. El grupo comunicacional se encarga de difundir todas las noticias que tengan que ver con los convenios que unen a los dos países, no solo el fondo chino: viviendas, intercambios en ciencias, agricultura, infraestructura, agroindustria.

 

A juicio de Chang, es necesario dar a conocer más el intercambio entre ambos países, pues hay «ciertas informaciones que están un poco distorsionadas». El invitado explicó que las relaciones entre China y Venezuela tienen su origen en el año 1976, año en que China estableció su primera embajada en el país. A partir de esa fecha se empezaron a firmar acuerdos que se han multiplicado durante los últimos 12 años.

 

Federico Chang aprovechó para decir que las denuncias hechas en torno al fondo chino eran «un poco injustas». Agregó que esas acusaciones debían hacerse con nombre y apellido pues cree que decir que los chinos se van a llevar el Orinoco a China o que están revendiendo petróleo venezolano en el golfo de México tiende a ser despectivo y «poco cortés», además de que se está afectando el gentilicio chino. Insistió en que en esas denuncias no se podía generalizar al decir que «los chinos» hacían tal o cual cosa con los recursos venezolanos.

 

Agregó que para nadie era un secreto que China era un gran consumidor mundial de energía. Por lo tanto, le parece descabellado que se denuncie que China revende petróleo venezolano en el exterior. «Para otros países, este tipo de denuncias no tiene sentido (…) porque en Europa Le Monde decía que cómo era eso».

 

Federico Chang comentó que hasta 1999, el intercambio comercial entre China y Venezuela estaba entre los US$ 300 y US$ 400 millones. Ahora, al cierre de 2010, esa cifra llega a los US$ 12.000 millones. Y la proyección para este año apunta a que ese intercambio alcanzará los US$ 17.000 millones. Señaló que, hoy por hoy, casi 2.000 venezolanos hablan chino y eso se debe, en gran medida, a los convenios firmados entre los gobiernos de los dos países. Esa dinámica debe fortalecerse ahora a través del intercambio social y cultural.

 

Andrés Eloy Méndez

El diputado oficialista Andrés Eloy Méndez sostuvo que la decisión de repatriar a Venezuela las reservas no operativas —el oro en lingotes— fue un acierto para eliminar o minimizar el riesgo que se cernía «sobre los ahorros de los venezolanos».

 

Según el diputado Méndez, la denuncia adelantada por el diputado Miguel Ángel Rodríguez en contra del fondo chino es simplemente otro show más por parte de la oposición. Según dijo Méndez, el fondo chino permite que «nuestros activos, que son fundamentalmente el activo petrolero, puedan ser el soporte de financiamientos que vayan adelantándose para inversión social, para reanimación de la economía, para importaciones necesarias para el buen vivir de los venezolanos (…). Nuestras relaciones con China están todas enmarcadas en convenios internacionales aprobados por la AN, por tanto son ley de la República que cubren el marco jurídico para este tipo de convenios y fondos que permitan hacer inversión (…). Es un fondo que China no le daría a ningún otro país en América que no sea Venezuela».

 

Andrés Eloy Méndez expresó que China abrió este fondo con Venezuela «por las características de reservas internacionales que tenemos, por las características de reservas petroleras y porque nosotros tenemos una deuda que no llega al 25% del PIB, en un contexto mundial donde las deudas públicas de los países superan el 100% (…). Estas condiciones (…) le permiten a China (…) poner una cantidad de dinero importante que la República Bolivariana de Venezuela tiene, sin duda alguna, cómo responder».

 

El parlamentario detalló que el fondo chino – venezolano consta de 3 tramos. El primero, de US$ 4.000 millones, ya completamente pagado. El segundo, por otros US$ 4.000 millones, se terminará de pagar en febrero de 2012. «En vista al buen pagador, al buen flujo y a la sustentabilidad del fondo, se decide hacer un fondo más amplio; no a un año ni a dos, sino a 10 años, de US$ 20.000 millones, y utilizando la misma metodología de pago. Eso suma (…) 32. Esos son los US$ 32 millardos que planteó el ministro Giordani que dispone Venezuela a través del fondo mixto chino – venezolano para la inversión y motorizar la inclusión y el desarrollo de los venezolanos».

 

Según el invitado, la denuncia dada a conocer ayer por Miguel Ángel Rodríguez se debe a que los diputados de la oposición «no tienen una comprensión exacta de los (…) mecanismos de funcionamiento (…), la nueva ingeniería financiera».

 

El parlamentario desmintió que la deuda externa venezolana sea de US$ 130 millardos y situó la cifra en US$ 71 millardos. «Cuando nosotros recibimos el gobierno en el año 99 (…), el PIB era aproximadamente US$ 80.000 millones (…). Hoy podemos decir, sí, son US$ 71.000 millones pero nuestro PIB ya no es de 80 como cuando ellos nos lo entregaron, sino que es de US$ 362.000 millones. Lo que implica que la deuda representa el 24,3% del PIB».

 

Sobre la aprobación de la ley de costos y precios justos, el diputado Méndez aseguró que ese nuevo instrumento legal obedece a realidades. Defendió, asimismo, el actual control de cambios con el argumento de que todos los años salían del país entre US$ 50 y 60 millardos «y cuando empezó la conspiración contra el presidente, una de las formas era acabando con las reservas internacionales». Comentó que la economía venezolana se había mantenido en crecimiento durante casi 5 años consecutivos, con lo cual se desmontaba el discurso «terrorífico y apocalíptico» de Fedecámaras.

 

La ley de costos y precios justos es aprobada porque, según Andrés Eloy Méndez, en Venezuela «se ha entronizado en el sector comercial (…) una cultura hacia la especulación (…). La especulación es contra el interés colectivo, solo beneficia a uno, al especulador, pero daña al colectivo, a la sociedad (…). Al respecto, creemos necesario lo que se llama la "economía normada" o la "economía legislada" porque no es perfecta la actuación de la economía ni los actores de la economía en Venezuela» (VTV en vivo).

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