Programas de Opinión
Gavino Paz: Denuncias sobre la forma como fue intervenido el Hospital Central de San Cristóbal / 97,8% del presupuesto del Hospital es para pagar nómina del Estado / Hospital Central es de tipo 4 y alberga 105 camas
Alfredo Padilla: Con Ley de Arrendamiento, el Estado fijará unilateralmente el porcentaje del valor de la vivienda que se debe cobrar durante un año de inquilinato / Ley interviene en la libertad de negociación de la gente sobre su patrimonio / Expropiaciones están vigentes en el cuerpo de Ley de Arrendamiento / Ley rige para toda clase de usos habitacionales: cuartos, residencias estudiantiles, anexos, posadas
Roy Daza y Germán Saltrón: Decisión de la Corte IDH es contraria a cualquier precepto constitucional / A Leopoldo López no se le violaron sus derechos / Un juez penal habría tenido la misma posición que un juez civil en el caso de López / La Corte IDH toma «decisiones muy apresuradas» porque «tiene muy poco personal» / No es posible que Leopoldo López esté habilitado porque la última instancia es el TSJ / Leopoldo López violó la ley / «El Tribunal Supremo se pronunció ya»
Antonia Muñoz: Psuv en los llanos está preparado para las elecciones de diciembre de 2012 / «El primer enemigo de la revolución bolivariana es el Imperio norteamericano» / Oposición siempre le busca la vuelta a todo lo que se haga / Opositores tienen perfecto derecho a celebrar primarias porque de todos modos van a llegar en segundo lugar / No puede ser que la oposición ahora venga a hablar de unidad
Aló Ciudadano (Resumen)
Gavino Paz
El diputado Gavino Paz denunció varias irregularidades en torno a la intervención del Hospital Central de San Cristóbal, estado Táchira. Según se conoció hoy, la ministra de Salud, Eugenia Sader, va a remitir a la Contraloría General y la Fiscalía General un cúmulo de pruebas sobre anomalías administrativas que dice haber descubierto dentro de ese hospital.
De acuerdo con el parlamentario, la ministra debería aprovechar su visita a la Contraloría General para otorgar una serie de informaciones sobre denuncias que él y otros diputados han hecho hace tiempo en la comisión de contraloría de la AN y en la comisión de desarrollo social e integral. Para el invitado, esta intervención de la ministra Sader es «un show mediático y populista».
En cámara, el diputado Paz mostró documentación relacionada con la resolución sobre la cual la ministra interviene el hospital y se designa directora encargada del hospital. Ese instrumento legal es inconstitucional, de acuerdo con el diputado, porque la ministra Sader desconoció que desde 1995 había un convenio de transferencia de los servicios de salud, firmado por el gobierno regional de ese entonces y refrendado por el Congreso.
La única manera de que la ministra pudiera hacer lo que hizo, era por dos vías: una, que la AN revocara ese convenio de transferencia de servicios de salud o dos, por la vía judicial. La ministra Sader no actuó según ninguna de las dos vías y apareció de la nada en el Hospital Central.
Gavino Paz informó que el presupuesto de sostén del hospital ha sido sensiblemente el mismo durante los últimos 3 años: Bs.F 80 millones. La ministra Eugenia Sader manifestó que en la ley de presupuesto ordinario se transfirieron recursos al hospital. Lo que no dijo —y denunció el diputado— es que el 97,8% de esos 80 millones son para las partidas 401 y 402. A través de ambas partidas se cancela la nómina de personal, que depende del ministerio de Salud.
El parlamentario tachirense resaltó la importancia del Hospital Central, que es de tipo 4 y alberga 105 camas. Se quejó de que el gobierno aporta al hospital únicamente Bs.F 6 millones de los 80 millones que están contemplados en su presupuesto. Aparte de lo anterior, los insumos que el gobierno central envía no son los que el hospital requiere sino los que Caracas decide de acuerdo a lo que dijo Gavino Paz.
La realidad del Hospital Central es que la ministra se apostó como directora encargada, ella y su gente de confianza tomaron el departamento de depósito, sacaron de allí a los 20 trabajadores que estaban allí y los pusieron a la orden de RRHH. El coordinador encargado es el general de brigada Wilson Ricardo Marín Leal.
El gobernador recordó que la mayor carga del mantenimiento del hospital le ha correspondido a la gobernación del Táchira y a la Lotería del Táchira. Eso ha permitido que, a pesar de la medida de intervención, los recursos se le sigan dando al hospital, así como el suministro de alimentos, a cargo de la Lotería del estado. El gobierno central, mientras tanto, mandó una gandola de enlatados de Mercal para los pacientes. También envió insumos y a las 48 horas los médicos se quejaron de que esos insumos no servían porque no correspondían a lo que se usa en ese hospital.
Si la intervención trajera consigo una reforma total del hospital, sería bienvenida. El parlamentario agregó que si el gobierno pretende quedarse con el hospital, en el Táchira están en disposición de dárselo, si el beneficiado es el pueblo. Lo que le preocupa a Gavino Paz es que esto se convierta en un show mediático, pues no es más que el centralismo al que el gobierno ha venido jugando, cuando en realidad está obligado a fortalecer las competencias para las gobernaciones.
Al hospital se le han negado recursos pero hoy, en la AN, se aprobó un crédito por Bs.F 25 millones para cubrir «gastos de seguridad y defensa nacional». También se aprobaron Bs.F 2 millones para el proyecto de publicación y divulgación de información institucional de la gestión de gobierno del Distrito Capital. Mientras tanto, el Hospital Central de San Cristóbal necesita Bs.F 80 millones al año para su funcionamiento.
Alfredo Padilla
Alfredo Padilla, representante del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Popular, ofreció explicaciones sobre la Ley de Arrendamientos, que debía ser discutida hoy en la AN, después del fallo de la Corte IDH a favor de Leopoldo López. Lo primero que puntualizó Padilla es que con ese instrumento legal el Estado se va a reservar la potestad de fijar el porcentaje del valor de la vivienda que se debe cobrar durante un año de inquilinato. Esa fijación es unilateral y el gobierno la hará tomando en cuenta los valores de los materiales de construcción de la vivienda, así como su antigüedad.
Alfredo Padilla advierte que cuando se hacen esas consideraciones, lo que se hace es intervenir en la libertad de negociación que la gente puede tener sobre su patrimonio. Cuando haya que vender un inmueble, el punto de referencia es cómo el gobierno determine el valor de la vivienda para el precio del alquiler.
Dicho en otros términos: La venta forzada de un inmueble se hará en los precios que el gobierno imponga. Si la persona no quiere vender o quiere hacer otra negociación, será sancionada. A la tercera sanción, se le expropia la vivienda. Es decir, que las expropiaciones están vigentes en todo el cuerpo de esta ley de arrendamiento.
Por otro lado, se dijo anteriormente que el estado fijaría los precios de venta de las viviendas en función del costo de los materiales de construcción y la antigüedad de la vivienda. Esa decisión, a juicio de Alfredo Padilla, es un contrasentido porque ocurre que las viviendas con mayor deterioro son aquellas cuyos dueños no han podido mejorar precisamente por no tener recursos monetarios. Es decir, los sancionados serán los que no tengan dinero para mejorar sus viviendas. De este modo, el gobierno da la espalda a los que menos tienen y da la espalda a los barrios, que son lugares donde hace más falta remodelar las viviendas.
La ley rige para toda clase de usos habitacionales: cuartos, residencias estudiantiles, anexos, posadas. Ninguna de estas figuras se escapa del alcance de la Ley de Arrendamiento. Con un agravante: el propietario que demande a un inquilino moroso y gane el juicio, de todos modos no puede recuperar su vivienda porque la nueva Ley contra Desalojos Arbitrarios establece que el Estado no permite el desalojo hasta que no se le consiga vivienda a la persona demandada. Y tomando en cuenta el déficit de vivienda que hay en el país, ¿cuándo se le va a conseguir vivienda a ese inquilino moroso, perdedor de un juicio?
Según el instrumento legal, no habrá depósitos en garantía para viviendas en alquiler, los alquileres y ventas tendrán que pagarse en los bancos del gobierno. Los que alquilen en los barrios, que normalmente lo hacen mediante acuerdos de palabra, ahora tienen que inscribirse en el Registro Nacional de Arrendamiento y será el Estado el que fije el monto de arrendamiento. De modo que así se manifiesta una revocación a la propiedad privada. Es una intervención del gobierno en el derecho de propiedad del 95% de las personas que arriendan vivienda en Venezuela.
Es una ley que afecta el patrimonio de gente muy humilde que ha hecho grandes sacrificios y generará conflicto entre las personas. Además, va a perjudicar a los inquilinos del futuro, pues habrá que preguntarse qué va a pasar cuando a un matrimonio se le case un hijo y éste no consiga dónde vivir. Alfredo Padilla cree que el gobierno va a tener que pensar muy bien el costo político de esta ley, sobre todo cuando el venezolano es un gran defensor de la propiedad privada.
Como conclusión, Alfredo Padilla señala que los mayores peligros de esta ley son la confrontación, la desmoralización que va a traer al que hace esfuerzos para progresar y el apoyo al que se recuesta de lo ajeno (Globovisión en vivo).
El diputado ante el Parlamento Latinoamericano, Roy Daza, y el representante de Venezuela ante la Corte IDH, Germán Saltrón, hablaron del fallo de esa corte a favor de Leopoldo López. Para el diputado Daza, la sentencia de la Corte IDH encierra contradicciones jurídicas y políticas: «Esta decisión, en dirección totalmente contraria a cualquier precepto constitucional, cualquier precepto que emana de los convenios internacionales, actúa en contra del principio de la lucha contra la corrupción».
Germán Saltrón recordó que López acudió, en primer término, al TSJ, donde alegó la nulidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría: «Ya la Sala Constitucional se pronunció sobre ese punto (…). La Sala demostró que (…) no se le habían violado sus derechos, su debido proceso, tuvo su derecho a la defensa, nombró sus abogados (…). La misma sentencia de la Corte examina eso punto por punto. Y cuando llega al caso del 105, dice que la Sala Constitucional lo único que faltaba era no haber cumplido con que la parte fuera decidida por un juez penal. Pero la Sala se pronunció y dijo que la misma posición que iba a tener un juez civil la iba a tener un juez penal porque fueron comprobados todos los delitos durante el proceso realizado por la Contraloría General de la República».
Para Saltrón, al haber un pronunciamiento de la Sala Constitucional del TSJ sobre el caso de Leopoldo López, la Corte IDH no tenía por qué haberle dado la razón al ex alcalde de Chacao. Agregó que la Corte IDH solía tomar «decisiones muy apresuradas» debido a que se reunía cada tres meses y «tiene muy poco personal». Agregó: «Cuando se realiza la audiencia pública, oyen a las partes, las diferentes posiciones en este caso de los representantes de la víctima y el Estado, y al finalizar la audiencia se reúnen y deciden. Ya de una vez tienen una sentencia previa del caso. O sea que no hay mayor análisis frente a eso».
El representante de Venezuela ante la Corte IDH señaló que fueron llevados todos los documentos y pruebas recabados por la Contraloría General para que la Corte los examinara y, según él, «demuestran que efectivamente se cumplió con las garantías judiciales de Leopoldo López y lo único que dicen es eso, que falta el pronunciamiento de un juez penal».
Roy Daza enfatizó: «No es posible que esté habilitado porque toda la jurisdicción, todas las leyes de Venezuela se basan en una estructura, y su estructura fundamental, la última instancia es el TSJ. La Corte, si estuviera dictando otro tipo de sentencias, habría que acatarlas, habría que analizarlas. Pero el tipo de resolución que saca la Corte es digamos de que debía hacerlo o no hacerlo un tribunal, pero resulta que la respuesta está dada por los hechos (…): el Tribunal máximo del país ya dictaminó sobre el caso».
Germán Saltrón especificó, Constitución en mano: «Solo en el caso de que las normas que nos establezca la Corte fuesen superiores a las establecidas por esta Constitución, es que nosotros las acogemos. Y esta Constitución es una de las que más combate la corrupción». Y, posteriormente, el abogado comentó: «Nadie puede decir que el hecho de que la Corte dictamine algo, de inmediato esa decisión de la Corte nosotros estamos obligados a cumplirla, no. Nosotros llevamos esa decisión al TSJ, que es el máximo tribunal y el que puede perfectamente interpretar la Constitución y las leyes, y dirá si es o no factible que esa sentencia sea ejecutable en el país».
Según Roy Daza, además, la decisión de la Corte IDH «no niega que [Leopoldo López] incurrió en dos hechos de corrupción. Y tiene una sentencia firme en relación a eso (…). Todo el esfuerzo que hoy hace Leopoldo López es por buscar salir del paso de una situación de la que no podrá salir beneficiosamente para él porque él violó la ley. Tú no puedes violar la ley y después decir "Me están violando mis derechos" porque eso es una contradicción».
El diputado Daza señaló que López podía fundar partidos, podía hacer declaraciones a través de los medios e, incluso, convocar a elecciones internas para su partido. Y advirtió: «La ley no puede permitir que una persona que esté acusada de corrupción asuma un cargo de dirección política del país».
Germán Saltrón reconoció que la sentencia de la Corte IDH le había llegado por los canales oficiales, como representante del Estado ante esa instancia: «Me fue notificada el día 16. Llegó por correo electrónico. Esa es la forma de notificación. Y ya desde ese momento estamos enterados de la situación. Yo pasé eso al Tribunal. El Tribunal está enterado, todos los poderes públicos. Y el Tribunal va a reunirse, va la Sala Constitucional y se va a pronunciar al respecto». Pero advirtió que no hay lapso alguno para que la Sala Constitucional se pronuncie sobre el tema: «Ellos se toman todo su tiempo y dirán cuándo saldrá la sentencia. Esa sentencia que emane del TSJ, de la Sala Constitucional, es la que se acatará».
El diputado Roy Daza concluyó: «El Tribunal Supremo se pronunció ya y es de esperar que no va a haber una sentencia distinta a la que ya tomó».
Antonia Muñoz
La vicepresidenta del Psuv para la región los llanos, Antonia Muños, aseguró que en esa tolda están plenamente preparados para las elecciones de gobernadores, el 16 diciembre de 2012: «Algo así como los estudiantes que tienen bien conocida la materia pero repasan para el examen». En esa región, según detalló Muñoz, el partido ha ido avanzando en la organización, en la parte ideológica, «que es fundamental». Agregó: «Es muy importante que nuestra gente entienda que el primer enemigo de la revolución bolivariana es el Imperio norteamericano, y los otros "imperitos"».
Muñoz negó que las elecciones de gobernadores hubieran sido separadas de las presidenciales porque Hugo Chávez pudiera verse perjudicado por la mala gestión de algunos gobernadores oficialistas: «Como están separados, entonces tenían que buscarle la vuelta. Ellos siempre van a buscarle la vuelta a todo lo que se haga (…). Eso pudiera tener alguna lógica, pero a mí me parece que lo correcto es que se comience por el presidente. Y la oposición, que saque sus cuentas y haga sus comentarios».
Para la oposición, la dirigente vaticina que va a seguir hasta febrero «como un saco de gatos», hasta que el Imperio les diga «dejen la comiquita, dejen el cuento y el que va es fulano». Con esto, señaló que la oposición estaba «en su perfecto derecho» de celebrar primarias: «Quienquiera que salga victorioso entre ellos, igualito (…) obtendrá un segundo lugar bien retirado. Eso es lo que va a pasar».
Pidió recordar la actuación de la oposición durante los sucesos del 11 de abril de 2002, «y ya el 12 andaban persiguiendo gente y maltratando gente. Por eso, esos videos deben ponerlos hasta el cansancio, ad infinitum. Que la gente recuerde cómo era que destrozaban vehículos, cómo fue que asaltaron la embajada de Cuba, cómo fue que agredieron a Tarek, cómo fue que agredieron a Ronald en el Táchira, cómo agredieron a Rodríguez Chacín, cómo pusieron en la prensa "Se busca a Freddy Bernal, a Aristóbulo Istúriz". Andaban persiguiéndonos prácticamente como si fuéramos conejos (…). No puede ser que esa gente venga a hablar de unidad y que supuestamente ellos quieren un país donde todos seamos iguales y donde no se persiga a nadie. Mentira». (VTV en vivo).
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