Programas de Opinión
Jesús María Casal: Se busca promover la construcción de una verdadera institucionalidad democrática / No se descarta convocar una Asamblea Constituyente pero tampoco se promueve / Levantar la institucionalidad democrática exigiría gran sabiduría política /
Jesús María Casal
Según el doctor Jesús María Casal, ex decano de la facultad de Derecho de la UCAB y coordinador de la comisión político institucional de la MUD, uno de los objetivos fundamentales de esa plataforma programática es promover la construcción de una verdadera institucionalidad democrática. Bajo una victoria electoral de la oposición, el presidente de la República tendría que moverse dentro de su ámbito constitucional de atribuciones, desde el que se puede promover esa construcción de la institucionalidad. Además, Casal sostiene que los poderes públicos deberían coadyuvar en esa tarea.
Las propuestas del equipo de institucionalidad democrática apuntan en la dirección de no descartar la convocatoria de una Asamblea Constituyente a fin de lograr el objetivo mencionado anteriormente, pero no promoverla ni considerarla imprescindible. Ese es un punto que queda abierto, pero con diversas opiniones. Hay un consenso, como lo señala Jesús María Casal, en el sentido de que es posible adelantar ese camino de levantar la institucionalidad democrática. Eso exigiría, por supuesto, una gran sabiduría política, una elevación política para llevar adelante ese proceso en un escenario en el que algunas instituciones pueden pasar a cumplir un papel obstruccionista por razones partidistas.
El trabajo de la comisión de coordina Jesús María Casal va más en la línea de que se debe promover el respeto a la Constitución, empezando por el propio presidente de la República que —repitió Casal— se debe limitar a su ámbito de atribuciones. Que no estemos bajo el régimen de decretos aprobados bajo Leyes Habilitantes. Debe ser respetuoso de las competencias de la Asamblea Nacional. Lo deseable, además, es que el Poder Judicial ejerza también sus atribuciones y sea activo en la defensa de la Constitución, incluso frente al Poder Ejecutivo.
De la ponderación de los factores en juego se ha concluido que es posible adelantar el proceso de reconstrucción de la institucionalidad democrática sin la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente, pero sin descartarla de plano. De manera que ese es un tema que puede seguir abierto al debate entre los precandidatos, aunque en el equipo de institucionalidad democrática se piensa que no es una opción necesaria. Hay reformas necesarias, de cualquier modo, a la Constitución, como por ejemplo el tema de la relección indefinida.
El gran problema institucional que vivimos en el país —tal como lo ve Casal— está en que no existe un respeto escrupuloso del pluralismo político. Se pretende constituir una ideología de partido. A través de distintas leyes, y a pesar de que la propuesta de reforma constitucional fue rechazada, se está sacralizando una ideología de partido, con lo que no se le daría cabida a otras corrientes de pensamiento.
Jesús María Casal explicó que en el equipo de coordina también se ha planteado la posibilidad de proponer una ley de transición. Como respuesta, el presidente Chávez dijo que quizá podría pedir una nueva ley Habilitante, pero se vuelve al inicio: la victoria electoral reconocida de la oposición tendría una serie de consecuencias que van más allá de la discusión de una ley de transición o una Habilitante. Lo definitivo sería la victoria electoral reconocida.
El tema de la reelección indefinida también es de enorme preocupación, como lo admitió Casal en el programa. Hay casos como el de Colombia, con una sentencia de la Corte Constitucional de ese país, que dijo que la propuesta de un referendo consultivo para permitir una nueva reelección de Álvaro Uribe era contraria al principio de alternabilidad. En nuestro caso, ese principio fue derribado, vulnerando principios de la Constitución. Por tanto, Casal considera necesario modificar la Constitución para establecer límites a las posibilidades de la reelección. Esos límites quedarán abiertos a la discusión, pero en todo caso la relección indefinida es un riesgo serio para la preservación de la institucionalidad democrática.
En cuanto a la duración del período presidencial, también ha habido discusiones dentro del equipo, pero el grueso del trabajo se lo ha llevado el tema de la relección, según especificó el invitado. El tema del bicameralismo en la AN se ha discutido también, con la intención de fortalecer la hacienda pública estatal. La Constitución de 1999 tuvo la virtud de abrir un camino en ese sentido, al promover una ley de hacienda pública, que aún no ha sido promulgada por el actual gobierno.
Como lo indicó Jesús María Casal, una de las mayores agresiones a la Constitución actual se produjo en el régimen de transición del poder público, que fue aprobado por la Asamblea Constituyente sin ser consultado al pueblo. Eso condujo a que se designaran a dedo a los magistrados del TSJ, al Fiscal General de la República, al Contralor General y a la Defensora del Pueblo. Esa es una responsabilidad de la Constituyente que, ciertamente, vulneró los principios de la nueva Constitución y procedió de manera inmediata e inconsulta a realizar esas designaciones.
El rescate de la institucionalidad democrática es algo que se debe hacer de inmediato, según la óptica del invitado. Y no en el sentido de volver a una institucionalidad del pasado sino rescatar los principios democráticos establecidos en la Constitución de 1999. Es un compromiso totalmente actual. Independientemente del resultado electoral del 7 de octubre, Casal afirma que esa es una lucha que debe seguir. Expresó su deseo de que los poderes públicos actuales vean los peligros del deterioro de la institucionalidad democrática y de sacralizar una sola visión política del mundo.
Durante la vigencia de la Constitución de 1961, en una década de propuestas de reformas como los 90, se pensaba que una forma de evitar ese dominio partidocrático sobre la designación de los magistrados de la extinta Corte Suprema de Justicia era introducir mecanismos de control ciudadano a través de figuras como los comités de postulaciones, que ahora están previstos en la actual Constitución.
El problema está en que el espíritu de esos cuerpos tampoco ha sido respetado porque más de la mitad de ellos están ocupados por diputados. Además, el concepto de Sociedad Civil ha sido tergiversado y solo las instancias del llamado poder popular pueden tener cabida en esos cauces de participación de la sociedad. Los consejos comunales son una manifestación de la comunidad organizada, pero Jesús María Casal advierte que no es la única.
¿El llamado poder popular puede desconocer al nuevo presidente? El gran problema que presenta esa tesis —a juicio de Jesús María Casal— es que el poder popular se presenta como una institucionalidad paralela. No se habla de la importancia de los consejos comunales o de la importancia de la participación ciudadana. El problema es el de una red de instancias controladas desde la presidencia de la República, que pueden convertirse en redes clientelares a partir de las que se puede levantar la institucionalidad del poder popular sin responder a los controles democráticos propios de una elección directa. Ese estado puede estar totalmente desconstitucionalizado.
Dentro de ese mismo tema, Jesús María Casal indicó que las leyes del poder popular deben ser impugnadas. El invitado reconoció aspectos positivos en esos instrumentos legales pero resaltó otros negativos porque se trata de leyes excluyentes ya que todo está condicionado a la defensa del socialismo. La participación ciudadana debe estar abierta a todas las corrientes de pensamiento, según advierte Casal.
La lucha por la institucionalidad democrática es una lucha que lleva mucho tiempo, según detalló Jesús María Casal antes de despedirse. Es un hito fundamental y la lucha, en cualquier escenario, no es fácil y se debe desplegar, entendida como la construcción de la institucionalidad diseñada en la Constitución de 1999 (Globovisión en vivo).
Rodrigo Cabezas: La relección de Ortega ratifica que América Latina progresó / La revolución sandinista se reafirma como vanguardia del pueblo nicaragüense / La derecha se quedó sin banderas / La pobreza ha sido disminuida
Rodrigo Cabezas
Para el presidente del Parlamento Latinoamericano, Rodrigo Cabezas, la relección de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua es una ratificación de que América Latina cambió, progresó y giró a la izquierda, que pudo derrotar los programas neoliberales impuestos por organismos tales como el FMI y el Banco Mundial. Esa relección también es prueba para el invitado de que América Latina giró para «recolocar el papel de los estados y de los gobernantes al servicio de los pueblos y no de las transnacionales o de los intereses de las grandes corporaciones».
Al mismo tiempo, este hecho indica que la revolución sandinista se reafirma como vanguardia del pueblo nicaragüense, que —según Cabezas— tiene una larga historia de combates por su independencia, soberanía, que quedó expresada en una votación donde el frente sandinista obtuvo un 62% de los votos «como respaldo a esa gestión (…) que se viene adelantando en América Latina y que Nicaragua es un ejemplo de ello».
Según Rodrigo Cabezas, hoy por hoy las ideas de la izquierda son la vanguardia, son hegemónicas y la derecha se quedó sin banderas ni posibilidad alguna de respuesta ante lo que está ocurriendo en esta década. Fue posible derrotar «las propuestas depredadoras de la economía que proponían EEUU con el ALCA» y, por añadidura, la pobreza ha sido disminuida en niveles significativos (VTV en vivo).
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