ORC Consultores: Colombia-Venezuela 14/12/11

Esta ley afecta seis millones de hectáreas, unas arrebatadas a familias inocentes y otras abandonadas por sus legítimos propietarios ante las amenazas de los grupos terroristas. Los colombianos que tenían títulos registrados, los poseedores de predios de propiedad privada que no gozaban de plenos derechos, y los ocupantes de baldíos adjudicables a la nación, todos podrán reclamar y recibir su propiedad anulada por la violencia.

En Venezuela, con la aplicación de la anticonstitucional Ley de Tierras, el Gobierno ha replicado lo que en Colombia hicieron las FARC y otros narcoguerrilleros.

Enfrentamos dos procesos que marchan en dirección contraria con resultados que están a la vista. Mientras en Colombia la economía crece y las FARC está acorralada, en nuestro país el Gobierno aplica todo su poder y capacidad de control, para imponer una política de ataques sin precedentes contra la propiedad. Se vale de su control sobre la Asamblea Nacional para imponer leyes cuyo propósito es acabar con el derecho y la esperanza de los ciudadanos de llegar a ser propietarios, para socavar los procesos productivos y controlar hasta la respiración de la gente. Los mejores ejemplos lo constituyen la Ley de Arrendamiento, que despoja a los propietarios del derecho a disponer de sus viviendas, y la Ley de Costos y Precios Justos, un intento desgraciado por imponer la planificación centralizada, que ha sido la causa de las hambrunas padecidas por los países comunistas.

El fin de este proceso es un déjà vu sin sorpresas. Si no cambiamos el rumbo proseguirá la ruina de los productores, las santamarías continuarán bajando y los campesinos seguirán huyendo a las ciudades. Paradójicamente, la culpa es de un gobierno que utiliza al INTI y a sus matones armados para acometer las fechorías más ultrajantes que se hayan visto desde la Guerra Federal contra todo el que se atreva a producir algo en el campo venezolano.

Las madres de niños pequeños viven a la caza de un pote de leche, las amas de casa en romería buscan azúcar, aceite o café. La desaparición creciente de artículos de consumo se volvió parte de nuestra cotidianidad. Esta realidad está acompañada del desperdicio de recursos fiscales −que no son propiedad de ningún gobernante− dedicados a suplir con importaciones aquellos productos que paulatinamente desaparecen. Vivimos las consecuencias de la destrucción de la capacidad productiva privada.

En lugar de mejorar los hospitales, construir más escuelas, atender los informales, asegurar la capacidad de la policía para garantizar nuestro derecho a la vida, el Gobierno se dedica a destruir y arruinar a los productores apoderándose de sus tierras, las cuales pasan a engrosar el inmenso patrimonio de tierras públicas, el latifundio más grandioso e inútil que existe en Venezuela. Basta pasearse por El Tocuyo, el municipio Veroes en el estado Yaracuy, el Sur del Lago de Maracaibo, para ver aparecer lo que la revolución denomina "el hombre nuevo": aquellas personas que han perdido su trabajo, sus esperanzas de tener un proyecto de vida, y que ahora dependen miserablemente de una bolsa de comida que el Gobierno entrega compulsivamente a cambio de votos.

Lo que es ineludible esperar del Gobierno colombiano es que no cierre los ojos ante las contingencias del vecino. Las relaciones bilaterales además de operaciones de compra, venta y cobro, tienen que trascender a un nivel de solidaridad beneficioso para toda Latinoamérica. Lo que nos hace realmente vecinos es compartir valores sobre la democracia y la libertad. Los colombianos no pueden olvidar que Petro está rondando con su paquete antidemocrático a cuestas. Las actitudes confusas y tolerantes frente al comunismo, donde prevalezcan solitariamente los intereses comerciales, siempre jugarán a favor de quienes aspiran acabar con la libertad.

Finalmente, la lectura más significativa de todos estos acontecimientos es que los procesos revolucionarios marxistas destruyen la economía, teniendo siempre como primer objetivo el aniquilamiento de la propiedad privada. Es una enseñanza patente en Colombia, pero también en Cuba, donde ahora devuelven a sus ciudadanos el derecho a disponer de lo que les pertenecía, sin pedir perdón por haberles arrebatado todo, después de más de 50 años de vejatoria destrucción de la propiedad. Isabel Pereira. (Entorno Inteligente)

Correo del Orinoco

Colombia pedirá ayuda a Venezuela para solventar efectos de derrame petrolero

El gobernador del departamento Norte de Santander (noreste de Colombia), William Villamizar, informó este martes que pedirá ayuda a Venezuela por la emergencia sanitaria que enfrenta Cúcuta (capital) por la falta de agua producto de un derrame petrolero.

A este problema se suman las consecuencias de las lluvias y la escasez de combustible.

“Se trata de un tema humanitario, estamos haciendo el llamado para que nos puedan ayudar desde el estado Táchira (oeste venezolano) con carrotanques, para poder llegar a los centros de acopio que han sido designados para poder abastecer a la población”, explicó la autoridad local.

Precisó que son muchos los inconvenientes que han impedido la movilización de cisternas de agua a las zonas más necesitadas de la capital del mencionado Departamento por lo que no se ha logrado atender la necesidad primaria de los casi 900 mil habitantes que están sin el servicio.

Asimismo, se conoció que Cúcuta se quedará 15 días sin agua por el derrame de petróleo registrado desde el pasado domingo.

El director de la Corporación Autónoma de la Frontera Nororiental (Corponor), Luis Lizcano, señaló este martes que abrió un proceso contra la estatal colombiana Ecopetrol por los daños causados al ambiente después de que se rompiera un tramo del oleoducto Caño Limón, en área rural del municipio de Chinacota, cuyo crudo se derramó sobre el río que abastece de agua a Cúcuta.

Lizcano manifestó que la decisión se tomó con base a los errores cometidos en los puntos de control instalados en el sector conocido como La Garita, cerca de la capital. Indicó que la extensión de la mancha se pudo evitar.

Con la emergencia se ha perdido más de tres años del trabajo que se adelantaba en la cuenca del río Pamplonita, con la finalidad de recuperar cerca de 17 especies de animales que desaparecieron por el derrame registrado en junio de 2007, tras la voladura de uno de los tramos de este mismo oleoducto, recordó el funcionario.

El director de Corponor aseguró que el petróleo alcanzó las aguas que cruzan el municipio de Puerto Santander, población fronteriza con Venezuela. Advirtió que la situación se puede agravar si la mancha llega a zonas del vecino país suramericano.

Lizcano también reclamó a la petrolera colombiana por el permiso que tiene sobre ocupación del cauce ordenado por la autoridad ambiental en el río Pamplonita, con el fin de acelerar las obras de infraestructura que permitan paliar el riesgo con la adecuación de puntos de control en casos como los registrados recientemente.

El jefe de operaciones del oleoducto, Ángel Ferna, informó que los trabajos de descontaminación del río tardarán alrededor de 15 días, tiempo en que los cucuteños se quedarán sin agua.

Por su parte, el alcalde del municipio Chinácota (Norte de Santander), Óscar Delgado, indicó que la afectación del oleoducto, que originó el derrame de petróleo del pasado domingo, no fue provocado por un derrumbe.

“En este momento no se puede establecer la causa, pero tampoco fue por un derrumbe o un deslizamiento como lo han querido hacer ver los de Ecopetrol. Lo cierto es que el tubo colapsó y eso produjo el derrame del petróleo”, enfatizó el alcalde colombiano.

Delgado argumentó su afirmación indicando que en compañía de organismos como Defensa Civil y la Cruz Roja, a las zonas afectadas se pudo constatar que no hubo derrumbe alguno que pudiera dañar el oleoducto. (Correo del Orinoco)

Portafolio

Revisión a proceso para implementar el TLC

El trabajo de alistamiento de Colombia para poner en vigencia lo más pronto posible el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el acuerdo de alcance parcial con Venezuela entró en la recta final.

Mañana, el ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, se encontrará con su homólogo estadounidense, Ron Kirk, en Ginebra (Suiza) –en el marco de una reunión de la OMC– para examinar la marcha de la llamada fase de implementación del TLC, iniciada en noviembre pasado y que debe culminar a más tardar el 31 de diciembre.

En la reunión aprovecharán para revisar el flujo de este proceso, que consiste en la adecuación normativa de Colombia a lo acordado en el TLC bilateral.

Por otro lado, este fin de semana equipos técnicos de Colombia y Venezuela tendrán una cita para continuar ‘aterrizando’ el acuerdo al que llegaron los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez de liberar más de 3.500 partidas arancelarias correspondientes al patrimonio histórico del comercio bilateral en la nueva etapa de relaciones económico-comerciales. (Portafolio)

El Tiempo

Opinión: La alianza

Arauca y Casanare suscribieron la Alianza por el Nororiente colombiano, junto a los departamentos de Norte de Santander, Santander, Boyacá y el sur del Cesar para, entre otros objetivos, aplicar como Región en la distribución del Fondo Regional de Regalías y en el Fondo de Adaptación.

Su participación en el proceso se soporta en la tradicional conexión de territorios de Orinoquía con ciudades cercanas de la región Andina, para promover su desarrollo.

Arauca y su capital tuvieron a Cúcuta y a Bucaramanga como centros de atracción, gracias a la conexión Arauca-Cúcuta por territorio venezolano.

Casanare mantuvo su comunicación vial con Sogamoso y, colonizado en alto porcentaje por gentes de Boyacá; hizo parte de este departamento administrado en condiciones de "Prefectura Especial".

El sur del Cesar sostiene por vía terrestre, integración comercial y educativa con Bucaramanga y, excluido Casanare, todos limitan con Venezuela y manejan una agenda común en materia de desarrollo fronterizo.

Lo anterior no solo explica la constitución del nuevo ente regional: Soporta la integración del Meta con Bogotá-Cundinamarca. Jaime Casas. (El Tiempo)

Dinero

“Venezuela: las garantías de pago no son objeto del tratado”

Sergio Díaz-Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo, explica los alcances del nuevo acuerdo con Venezuela y lanza una dura advertencia a los empresarios que se oponen al TLC con Corea.

Son días movidos en la cartera de Comercio, Industria y Turismo. Al reciente acuerdo firmado con Venezuela se suma la negociación del TLC con Corea, uno de los tratados que más callos pisa al interior del empresariado colombiano. A ello se añade la reforma de las zonas francas, entre otras decisiones. Dinero habló con Sergio Díaz Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo.

— ¿En qué consiste el acuerdo con Venezuela?

Es un acuerdo marco que permite resolver el tema de acceso a mercados y recoge 100% del comercio histórico entre los países de 2006 a 2010. Va a ser un número muy amplio de subpartidas arancelarias cercano a 3.800.

— ¿Pero ya se pagaron todas las deudas a las empresas colombianas?

Se han pagado US$907 millones de una masa de US$1.300 millones revisados. Hay US$92 millones que ya están autorizados para el pago y están pendientes. Serían, entonces, casi US$1.000 millones. Vemos un avance del pago de la deuda de más de 90%.

— ¿Y el resto?

Unas solicitudes han sido rechazadas, otras retiradas por las empresas y unas pendientes de valoración.

- ¿Sí había fenómenos de sobrefacturación?

Se han detectado casos de sobrefacturación y empresas ficticias que ya están en proceso de investigación por la Dian en Colombia y el Ceniat en Venezuela.

— Entonces, Chávez tenía razón cuando decía que el comercio estaba inflado…

Siempre hubo una sospecha en 2008 sobre el volumen y sinceridad de ese comercio. Esas operaciones se pagaron en su momento, de manera que es muy difícil determinar qué pasó entonces. Pero en el análisis puntual de la deuda se encontraron operaciones que son objeto de investigación.

— Volvamos al acuerdo. Gremios como la Andi han manifestado preocupa la implementación, los plazos, los pagos...

Este acuerdo es apenas el comienzo. Lo importante es que da un piso y genera el marco para la negociación de instrumentos futuros que terminarán de perfeccionar el comercio entre ambos países. Nuestro interés es dejarles a los exportadores colombianos la oportunidad y opción de exportar a Venezuela, que se combinará con los otros tratados que estamos negociando y los que tenemos firmados.

— Pero, ¿sí hay garantías de pago para los exportadores colombianos?

En cuanto a las garantías de pago, los exportadores saben los riesgos que corren. Eso no es objeto del tratado y ellos son conscientes de que esto excede la competencia de la negociación. No hay posibilidad de negociar la forma en cómo se venden las divisas a los importadores, que es una política interna de Venezuela.

— ¿Se están analizando posibilidades en el pago?

Uno de los temas en el futuro es buscar un mecanismo de compensación general de divisas para facilitar el comercio, de manera que cualquier proceso de devaluación o de inflación no le haga tanto daño al comercio.

— ¿Qué sigue ahora?

Un paso importante son los anexos. Por ejemplo, hay que trabajar el transporte aduanero internacional o de carga terrestre.

— ¿Y los no arancelarios?

El acuerdo va a resolver el tema de los accesos y de reglas de origen relacionados al comercio de bienes. Existen disciplinas por fuera que tenemos que empezar a trabajar, como, por ejemplo, servicios, compras públicas e inversión.

— ¿Cuál es el cronograma de los anexos?

Deben estar listos antes del 30 de diciembre.

— Preocupa la excesiva discrecionalidad de las autoridades venezolanas frente a los empresarios colombianos…

Esperamos que el acuerdo refleje una mejora. Este año el comercio va a subir 28%. Aspiro a que el año entrante siga así y mejoren también el desempeño de los procedimientos, la entrega de licencias y no haya discriminación a Colombia. Hemos fortalecido los puntos de contacto dentro de los gobiernos para que cualquier obstáculo que se presente sea tramitado inmediatamente.

— En el tema de inversiones, ¿esa discusión se está dando

Como gobierno, hemos propuesto en varias ocasiones a Venezuela un acuerdo de inversiones. Nunca hemos tenido acuerdo de inversión con ese país, pero creo que es bueno y razonable. Esperamos que sea parte de la agenda de 2012.

— Así, ¿es el fin de la CAN

Veo una clara voluntad de los cuatro países de seguir forjando la comunidad. Todos los países somos respetuosos de la decisión de Venezuela y es ese país el que decidirá si regresa. El paso que hemos dado le va a servir a Ecuador, Perú y Bolivia, que no tienen todavía acuerdos firmados con Venezuela, para terminar de armar sus negociaciones.

— Pasemos a otro tema y es la preocupación de los industriales, en especial del sector automotor, por el acuerdo con Corea…

Independientemente de que haya o no tratado con Corea, ellos tienen que prepararse para una mayor competencia que les va a llegar. Con los tratados que Colombia ha firmado, ha liberalizado el mercado de vehículos en más de 65%. Ya tenemos acuerdos con Brasil, México, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Europa y también hemos buscado accesos a otros como Perú, Chile, Mercosur, México, El Caribe y Centroamérica. Ya estamos exportando 10.000 vehículos a México, por ejemplo. En la negociación queremos evitar una distorsión a la industria colombiana en un factor de competencia demasiado extremo en el corto plazo. Por eso, en los tratados se dan los tiempos de adaptación necesaria.

— Ellos critican que se van a poder importar carros de Corea, pero no se pueden exportar hacia allá…

Colombia es una economía donde hay renglones de todo tipo. No pueden poner al país en esos dilemas y en ese dilema siempre nos han puesto. Aquí hay una economía más grande. ¿Qué pasa con el resto de los colombianos? ¿Por qué unos empleos son mejores que otros? Yo tengo claro un acuerdo que le sirva al país como un todo.

— La Coalición para la Industria, señala que hay una política comercial y no una política industrial…

Ellos, en un estudio que hicieron, reconocen que Colombia tiene una batería de instrumentos y de política sofisticados en el desarrollo empresarial e industrial. Obviamente hay temas en los que podemos seguir trabajando, como el acceso a materias primas y enfrentar el contrabando.?Pero si veo que me plantean que detenga la agenda comercial, tengo que decirles que no hay ni la más remota posibilidad. No vamos a dejar de negociar ningún tratado por cuenta de ningún sector en especial. (Dinero)

Animal Político

Los Zetas comparten con Hezbollah al mismo blanqueador de dinero

El sitioProPublica publicó que Ayman Joumaa, un criminal libanés, es el mismo sujeto que lava dinero para Hezbollah y para el cártel mexicano de los Zetas.

Según información del sitio, Joumaa presuntamente coordinó el contrabando de por lo menos 85 toneladas de cocaína colombiana a través de América Central y México, en colaboración con los Zetas.

“Entre 1997 y 2010, la mafia de Joumaa ha lavado cientos de millones de dólares para los Zetas y sus proveedores de Colombia y Venezuela”, dice ProPública.

El procurador de Estados Unidos en el distrito este de Virginia afirmó que en realidad no existe una relación directa entre Hezbollah y los Zetas. “Joumaa es el eje que hace negocios con ambas organizaciones”, dijo el funcionario estadounidense.

“Ayman Joumaa es uno de los hombres más importantes del mundo en lo que hace: el tráfico internacional de drogas y lavado de dinero”, dijo Estados Unidos, y precisó que entre Joumaa y Hezbollah “no hay ninguna indicación de que la relación es ideológica. Es un negocio”.

Según ProPública esto refleja la preocupación de Estados Unidos sobre la ampliación de la presencia de Hezbollah e Irán en América Latina.

“Hezbollah supuestamente utiliza el tráfico de cocaína para desarrollar ingresos y construir redes extranjeras, de acuerdo con Estados Unidos, Europa y funcionarios israelíes. En octubre, el Departamento de Justicia acusó un residente iraní-estadounidense de Texas y a dos oficiales de inteligencia iraníes de conspirar para contratar a sicarios del cártel mexicano para matar al embajador saudí en Washington”.

En febrero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó que el banco canadiense Nacional de Beirut, el octavo banco más grande de Líbano, como una “institución financiera de lavado de dinero” con vínculos con Hezbollah.

Según ProPública, las autoridades alegaron que este banco facilitó el financiamiento de Hezbollah por Joumaa, un empresario de 47 años de edad que habla “un excelente español” y que durante muchos años vivió en Colombia.

“La DEA lo describió a principios de este año como el centro de una sofisticada operación de contrabando de cocaína desde Sudamérica a África y Europa que lava las ganancias a través de casas de cambio, empresas de autos usados y otras compañías en EU, América Latina, África y el sudeste asiático”, publicó el sitio.

ProPública describe el caso de Joumaa como el más grande hasta ahora y dice que los documentos de Estados Unidos revelan que Joumaa, familiares y socios son dueños de casas de cambio, tiendas y otros negocios en Colombia, Panamá, Líbano, Benin y Congo.

Además, según autoridades estadounidenses, Joumaa ha supervisado el flujo de cocaína desde Colombia y Venezuela a través de dos canales de contrabando: hacia el norte, de México a Estados Unidos, y en el este, de África a Europa y Medio Oriente.

Según ProPública, Joumaa y su organización cobraba a sus socios en México –y en otros lugares del mundo- entre el 8% y el 14% para el uso de sus aparatos sofisticados de lavado de dinero. (Animal Político)

Infobae

Venezuela, Colombia y Ecuador proyectan una autovía que los una

La secretaria general del organismo, María Emma Mejía, aseguró que la obra será el mayor proyecto de infraestructura que el bloque sudamericano emprenderá en los próximos años.

"Tiene partes viales y partes ribereñas, entonces tiene que haber todo un sistema de esclusas para comunicación por el río Meta", explicó la ex ministra colombiana.

La iniciativa se encuadra en un plan de obras de integración de la región por valor de casi 13.700 millones de dólares hasta 2022 que fue aprobado este año por los ministros de los países miembros.

El programa incluye otro eje vial, el Callao-La Oroya-Pucallpa dentro de Perú, por unos 2.530 millones de dólares y un gasoducto entre Argentina y Bolivia, que costará 1.000 millones.

Mejía señaló, en una rueda de prensa, que tanto la Corporación Andina de Fomento (CAF) como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se comprometieron a facilitar préstamos a los proyectos, y los países implicados también aportarán dinero.

Además, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, acordaron pedir a sus embajadores en Pekín que propongan al Banco de Fomento Chino que aporte financiación.

El gigante asiático es uno de los principales inversores en Sudamérica, motivado por su deseo de garantizarse el suministro de materias primas para su industria.

Mejía indicó que la Unasur presentará, en abril, en Brasil, la cartera de proyectos a bancos y empresas privadas, para establecer acuerdos de inversión público-privada.

En tanto, los miembros tendrán tiempo hasta mayo próximo para definir el mecanismo de financiación y el presupuesto del organismo sudamericano.

Las opciones que se manejan es que aporten en base a su Producto Interno Bruto (PIB), su población o según sus contribuciones a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La Unasur tiene fondos por 1,2 millones de dólares hasta diciembre de 2012, sufragados por aportaciones voluntarias de los gobiernos.

"Es un presupuesto magro, muy discreto, que nos obliga a ser hábiles, que no nos permite llenarnos de burocracia", consideró Mejía. La secretaría general del organismo cuenta actualmente con 9 representantes diplomáticos y 4 funcionarios administrativos.

Funciona temporalmente en la ex Academia Diplomática de Ecuador en Quito, mientras ese país construye la sede definitiva en la localidad de Mitad del Mundo, al norte de la capital, por donde pasa la línea del Ecuador. (Infobae)

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miércoles, 14 de diciembre de 2011

Colombia-Venezuela 14/12/11