Programas de Opinión
Humberto Prado: Ha recibido llamadas con ataques e insultos / Quien entra al sistema penitenciario sale malo y el malo, sale peor / Hay 50 mil reclusos viviendo en un espacio diseñado para 14 mil / En Venezuela hay 44% más de probabilidades de perder la vida dentro de una cárcel que fuera / Iris Varela tiene que crear un ministerio netamente técnico / Cárceles deben tener un programa de cero circulación de dinero / Hay que ir al concurso de credenciales de los directores de las cárceles
Colette Capriles: Es difícil atribuir causas al problema de la inseguridad si no se tiene tiempo para comprenderlo / El venezolano puede moverse en la línea de la ilegalidad y pasar al delito sin que haya una línea clara / La economía paralela en el mundo del delito ofrece mayores incentivos económicos para la gente / La inseguridad también tiene que ver con un modelo de familia y una forma de relacionarnos con las normas / Es falso que el crimen disminuya si se ataca la pobreza / La ciudadanía no debe tolerar el crimen
Carlos Escarrá: «He sido, soy y seré el abogado de la revolución» / «La potestad de nombrar el procurador la tiene el Presidente, de acuerdo a la Constitución» / «El procurador forma parte del Ejecutivo nacional» / «Los contrapatrias como que querían que fuera un procurador eunuco»
Luis Britto García y Basem Tajeldine: No hubo manifestaciones a favor de los rebeldes en Libia / Gaddafi nunca llegó a bombardear a los simpatizantes de los rebeldes / Plaza Verde nunca fue tomada por los rebeldes / Algunos rebeldes son ex funcionarios de Gaddafi / En Libia se ha implantado «un formato criminal peligroso» que puede ser aplicado en cualquier otro país
Ricardo Menéndez y Alejandro Hitcher: Aprobados Bs.F para infraestructura y vialidad en Barinas / Aprobados recursos para construir viviendas en Sabaneta / Aprobada la creación de Industrias Canaima / Aprobados recursos para el alimentador Norte de Barquisimeto
Humberto Prado
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), comentó las actividades que desarrolló recientemente en Europa y las amenazas telefónicas que él y su familia han recibido en los últimos tiempos.
El invitado explicó que estuvo en España en las últimas semanas, donde hizo una serie de intercambios con organismos penitenciarios europeos y de Derechos Humanos. Allí se reunió con el Director General Territorial de la Secretaría de Servicios Penitenciarios de España y dio charlas en varias universidades españolas. Además, participó en intercambios con organismos penitenciarios internacionales.
Simultáneamente a estas actividades, él, su familia y personal del OVP comenzaron a recibir una serie de llamadas, ataques e insultos que, como lo dijo el propio Prado, lamentablemente no atacan el mensaje sino a la persona. Como lo recordó, la ONG que él dirige se limita a informar que en Venezuela no existe un sistema penitenciario ni un régimen carcelario siquiera. Lo que se tiene es un producto donde quien entra al sistema penitenciario sale malo y el malo, sale peor.
Humberto Prado enfatizó que, hoy por hoy, las prisiones venezolanas son universidades del delito. Aseguró que, cuando se habla en otros países sobre los sistemas penitenciarios, entre quien entre y vaya quien vaya, el sistema es el mismo y mantiene una continuidad en sus planes. Aquí, en Venezuela, lo que se debe hacer para sanear el sistema penitenciario es respetar la Constitución y la Ley de Régimen Penitenciario. En los últimos 50 años, han pasado 34 ministros y se han sucedido los mismos problemas, si no es que se han recrudecido, con 50 mil reclusos viviendo en un espacio diseñado para 14 mil. En este gobierno, se han construido solo 3 cárceles, dos de las cuales son Yare II y El Rodeo II. La cárcel de Uribana (estado Lara), inaugurada por el actual gobierno, fue construida durante el segundo gobierno de Rafael Caldera.
La ley exige que el preso sea clasificado según el tipo de delito cometido, cosa que no se cumple en el país, pese a que así lo estipula la ley. Si eso no se cumple, es por culpa de un personal que no tiene la capacidad necesaria para ello. Recordó que en Venezuela hay 44% más de probabilidades de perder la vida dentro de una cárcel que fuera de ella.
A la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, Humberto Prado le recomendó que, si no quiere seguir arrastrando los problemas de los funcionarios que la antecedieron en el área, tiene que crear un organismo netamente técnico, tiene que hacerse rodear de los mejores. Aseguró que hay programas penitenciarios en Colombia, España, Argentina y Chile que se pueden poner en funcionamiento con el personal adecuado, y sin alarmar a los reclusos ni a sus familiares, que al oír anuncios de este tipo los rechazan automáticamente por miedo.
Prado fue más allá en sus recomendaciones para la ministra, a la que le pidió deslastrarse de un personal que no sirve y forme un ministerio técnico, en el que debe rodearse con gente técnica para que Venezuela tenga un sistema totalmente diferente. La ministra se ha encontrado con una población penitenciaria que ha sido abandonada y en consecuencia ha hecho su autogobierno, plantado en una situación donde no quiere dejarse traspasar.
A juicio de Humberto Prado, las cárceles deben tener por lo menos un programa de cero circulación de dinero. Eso mata la corrupción dentro de las penitenciarías y hay que ir a la cabeza del problema. En segundo lugar, hay que ir al concurso de credenciales de los directores de las cárceles. Venezuela tiene un instituto de estudios penitenciarios con 950 egresados, capacitados y formados con el presupuesto del Estado. De esos egresados, ni siquiera el 5% está laborando en las cárceles.
Lo ocurrido en El Rodeo y lo conseguido en las requisas a esa cárcel demuestra el alto índice de corrupción en el cuerpo castrense y el cuerpo civil encargado de la vigilancia de las cárceles. Prado opina que a la Guardia Nacional (GNB) hay que sacarla de las cárceles y formar un solo cuerpo civil que se encargue de la seguridad interna y externa de las cárceles. Hay que cortar por lo sano, para evitar «pelotearse» responsabilidades a la hora de que se produzca una fuga o se tengan hechos como los de El Rodeo.
En su despedida, Humberto Prado relató que en Europa los expertos reunidos no podían creer que se consiguieran armas dentro de las cárceles venezolanas. España, por ejemplo, tiene 78 mil presos y allá, en el último año, solo falleció uno por causas violentas. El 9% de ellos está en prisión preventiva, mientras que ese porcentaje en Venezuela alcanza el 70%.
Colette Capriles
La profesora universitaria Colette Capriles, hizo un análisis de las causas que han desatado el problema de inseguridad en Venezuela. Capriles comenzó diciendo que la inseguridad es un problema tan complejo que atribuirle causas es muy difícil para alguien que no tenga tiempo para comprender el fenómeno.
Colette Capriles comenta que Luis Christiansen (Consultores XXI) sostiene que, frente a ese problema, el venezolano siente que tiene cierta capacidad de defenderse o evitar, al menos, las peores consecuencias de ese problema. Así, la gente se abstiene de salir, de hacer ciertas compras a solas, etc. Con eso, lo que se obtiene, además de más protección, es una falsa sensación de seguridad que no resuelve el problema.
El problema de la inseguridad tiene que ver al menos con cuatro grandes causas: La primera es que se trata de un problema de control público; un problema de incentivos, en el sentido de que para los venezolanos es posible moverse en la línea de la ilegalidad y pasar al delito sin que haya una línea clara. Por ejemplo, se supo que esta mañana una maestra en Maracaibo fue capturada robando un carro, junto con un cómplice. Es decir, la maestra llevaba una doble vida. Esa frontera entre lo criminal y lo legal —que debería ser natural y hasta obvia— se ha ido borrando. Los incentivos para permanecer en el lado de la legalidad son menores de lo que deberían ser.
El crimen además es con saña, violencia y reiteración. Se habla de una misma persona que recibe varios disparos, por ejemplo. En ese gran plano del control estatal, hay un asunto relacionado con una economía paralela en el mundo del delito, que ofrece mayores incentivos económicos para la gente. Además, no hay opciones de inserción laboral que ayuden a la gente a permanecer dentro de la legalidad.
Un último factor importante lo arroja el padre Alejandro Moreno, en su etnografía Y Salimos a Matar Gente, que analiza el factor psicosocial detrás del crimen en Venezuela. Según el sacerdote, la inseguridad tiene incluso que ver con un modelo de familia, con una forma de relacionarnos con las normas. En ese libro, que consta de dos tomos, se muestra que hay un modo de vida que tiene que ver con la manera en que se ejerce la autoridad, como se representa el poder, incluso el poder doméstico. Se habla de la presencia de la familia «matricentrada», con ausencia de la figura paterna.
El esfuerzo por centralizar los cuerpos policiales y militarizar las custodias de los presos, da la impresión de que el gobierno se preocupa por el asunto.
Esto coexiste con una especie de justicia moral del crimen, asociado a la realidad de que la mayoría de los delincuentes son de los sectores populares. Así, hay una justificación moral, con lo cual el enfoque del gobierno sugiere que eliminando la pobreza —o mitigando sus efectos— tendríamos una mitigación de los efectos delincuenciales. Esta hipótesis se revela falsa a la vista del desarrollo de los acontecimientos. Además, hay un fondo ideológico que liga —falsamente también—la delincuencia con la lucha de clases.
Para Colette Capriles, salta a la vista la ausencia de presencia de gobierno en los momentos donde —como ahora— hay una especie de crisis dentro de la crisis. Hay una tasa de crecimiento de hechos criminales que empieza a desbordar cualquier discusión política o cualquier justificación de cualquier índole. Hay un doble problema: las respuestas del gobierno ante la alta criminalidad parecen ser la inacción u operaciones tipo El Rodeo. El gobierno, en otros momentos, ha convocado gente, expertos, a fin de conseguir una solución a la crisis. Ese camino parece detenido. Estamos entre la nada y la represión, que es casi de tipo militar.
El problema de la inseguridad debe ser entendido como un problema complejo, con la particularidad de que nos toca a todos. Desde ese punto de vista, Colette Capriles afirma que el programa de gobierno de los candidatos debe ser complejo, creíble y factible.
Para la invitada, una de las claves del mal manejo del problema reside en que el gobierno pensó, dentro de la ingenuidad del marxismo vulgar, que el mejoramiento de la calidad de vida, en términos del mejoramiento del ingreso y del consumo, iba realmente a disminuir la violencia y la delincuencia. Ese proyecto no funcionó porque, para empezar, la calidad de vida ni siquiera ha aumentado. Incluso en los momentos de auge económico que tuvimos hasta hace 2 años, las cifras de delitos siguieron creciendo.
La hipótesis de que hay un abordaje directo de la delincuencia y el crimen a partir de sus presuntas causas económicas ha quedado completamente negada. Y el gobierno no tiene otra hipótesis para abordar el asunto. El gobierno está amarrado porque abordar otra hipótesis es negarse a sí mismo. Si la ministra Iris Varela tiene otra inspiración para empezar a erradicar el problema carcelario, debe tener obstáculos ideológicos y políticos que no la van a dejar accionar.
El gran drama es que la tendencia natural y lógica es tratar de protegerse individualmente. La primera acción de la ciudadanía es no perder la capacidad de indignación, no perder la sensibilidad. No tolerar el crimen. Lo otro es pedir constantemente, permanentemente la respuesta del Estado. El Estado tiene el monopolio de la violencia; es el responsable de que nuestras vidas y nuestras propiedades tengan algún valor. Hay soluciones complejas y difíciles, pero existen porque hay experiencias de países que han logrado controlar sus niveles de violencia. Tiene que haber una demanda permanente por parte de los venezolanos en ese sentido (Globovisión en vivo).
Carlos Escarrá
El ex diputado, y procurador designado de la República, Carlos Escarrá, comentó algunos de los pormenores del debate que se desarrolló en la AN antes de aprobar su nombramiento, que se hizo a pedido del presidente Hugo Chávez.
Escarrá comentó que una de las objeciones presentadas por la bancada opositora tenía que ver con su afiliación al Psuv y su simpatía por el régimen. El ex parlamentario dijo: «He sido, soy y seré el abogado de la revolución (…). Yo creo en el proceso, creo en las directrices del presidente Chávez y la figura del procurador, porque ellos [los diputados opositores] tenían una confusión, precisamente actúa bajo instrucciones directas del Ejecutivo nacional».
Escarrá aseguró que los diputados de la oposición tenían una confusión «de lo que es una aprobación y una autorización desde el punto de vista legislativo. La potestad de nombrar el procurador la tiene el Presidente, de acuerdo a la Constitución. La Asamblea lo que hace es quitar o remover un obstáculo para que él pueda luego hacer efectivo el nombramiento (…). Por otro lado, esas no pasan por las comisiones sino que entran directamente a la plenaria, como lo establece la Constitución».
Carlos Escarrá añadió que el procurador puede asistir a los consejos de ministros, con derecho a voz, además de que «el procurador forma parte del Ejecutivo nacional», según lo señalado en la Ley Orgánica de la Procuraduría y la Administración Central.
El ex diputado comentó, además, que él reunía todos los requisitos para ocupar ese cargo, en apego al artículo 263 de la Constitución: ser venezolano por nacimiento, ser de reconocida honorabilidad, ser abogado, con más de 15 años como profesor universitario y tener un doctorado en Derecho.
Pero la oposición —de acuerdo con Escarrá— acudió al artículo 256 de la Constitución, que establece los requisitos para ser juez de la República. Según Escarrá, ese artículo no enumera requisitos como tales sino condiciones para ser juez. Entre esas condiciones, Escarrá se refirió a que los jueces «no pueden hacer proselitismo político para garantizar la independencia e imparcialidad en su función judicial. Yo no ejerzo función judicial. Yo no actúo ni imparcial ni independientemente. Yo actúo bajo las instrucciones del Estado, defendiendo siempre al Estado. Yo no puedo decir "El Estado tiene o no tiene razón". Yo tengo que defender al Estado».
»Ahora, el debate está en que los contrapatrias, los apátridas, este conjunto de personas, como que querían que fuera un procurador eunuco al cual pudieran darle instrucciones y les dije que eso no era así (…). Imagínate tú un procurador de la oposición. Sería un absurdo dentro del Derecho, y el Derecho es lógica. El Derecho es sentido común».
Carlos Escarrá fue consultado sobre las alertas lanzadas por Roberto Enríquez, presidente de Copei, en torno a la naturaleza de algunas preguntas del Censo y su llamado a que la gente no responda las preguntas que sean incómodas. Según el ex parlamentario, en Copei «están llamando al desacato de una instrucción de una autoridad administrativa (…). Cuando a ti te preguntan si comes 3 veces al día, tú tienes que responder. ¿Para qué? Para que el Estado diga "Mira, esta familia come una vez, come dos veces, tengo que atender esto". Cuando t dicen "Cuántos cuartos tienes" o "Cuántos viven" es precisamente para resolver el problema de la vivienda. "Cuántos hijos tienes", es para resolver el problema de educación, el problema de salud (…). Aquí con los censos que hicieron AD y Copei se creó una trampa inmensa».
Luis Britto García y Basem Tajeldine
El escritor Luis Britto García y Baset Tajeldin, hijo del embajador de Venezuela en Libia, estuvieron en el programa para analizar la situación en ese país y desmentir lo dicho por los medios de comunicación respecto a la actuación de los rebeldes y su acogida en la población civil.
Britto García comenzó por decir que se habían generado dos grandes embustes con la cobertura de la crisis libia. El primero, que había habido manifestaciones multitudinarias en las calles de Trípoli, cosa que el canal Telesur se habría encargado de desmentir, al decir del escritor. El segundo embuste, también desenmascarado por los periodistas de Telesur, sería el bombardeo a esas manifestaciones por parte de las fuerzas leales a Muamar Gaddafi.
Según Britto García, los satélites rusos y el mismo Departamento de Estado de EE.UU. («A veces a ellos se les van cosas») habían comprobado que tales bombardeos jamás habían ocurrido. Agregó que la toma de la Plaza Verde por parte de los rebeldes tampoco llego a ocurrir y fue más bien producto de «una escenografía».
El escritor añadió que muchos de los rebeldes tenían «antecedentes curiosos». Comentó, por ejemplo, que algunos habían sido funcionarios en el gobierno de Gaddafi. Otros serían «terroristas ya descubiertos por las agencias internacionales».
Luis Britto García comentó que el consejo de transición libio no se ha ocupado de anunciar ningún programa de gobierno, como tampoco ha dicho qué se va a hacer con los hidrocarburos de Libia ni si se va a seguir con los programas sociales implantados por Gaddafi. Para el escritor, la existencia de tal consejo de transición es un parapeto que va a dar lugar «a una intervención masiva de la OTAN».
Basem Tajeldine denunció que lo que se está viviendo en Libia es un gran desastre humanitario, liderado por el mismo secretario general de la ONU, Ban Ki Moon. De acuerdo con Tajeldine, en Libia se ha implantado «un formato criminal peligroso» que incluso podría ser aplicado en cualquier otro país del mundo.
Ricardo Menéndez y Alejandro Hitcher
El vicepresidente para el área de desarrollo productivo, Ricardo Menéndez, anunció que durante el consejo de ministros 775 se aprobaron varios recursos. Para el ministerio de Interior y Justicia se probaron Bs.F 90.710.743, destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura y vialidad en Barinas. A ese mismo ministerio se le aprobaron recursos por Bs.F 34.079.477 para la ejecución de proyectos de salud, en Sabaneta (Barinas).
Se aprobó un complemento de recursos para la construcción de 256 apartamentos en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela —también en Sabaneta— por un monto de Bs.F 56.320.000. Asimismo, se aprobaron Bs.F 4.807.000 para el ministerio de la Defensa, para desarrollar el componente de vialidad.
Se aprobó la creación de Industrias Canaima, compañía que se va a encargar de la distribución de las computadoras portátiles Canaima en las escuelas bolivarianas y planteles que dependen del Estado. Hasta la fecha —según cifras suministradas por el ministro Menéndez—, se han distribuido 762.000 computadoras Canaima en 1° y 2° grado. La meta impuesta por el presidente Hugo Chávez es distribuir otras 900.000 computadoras equipadas con este sistema operativo entre los alumnos de 3° y 4° grado. «Esto tiene que ver con un componente pedagógico (…), un componente de lo que es el desarrollo del software (…), pero ahora también lo que es la industrialización».
Ricardo Menéndez aseguró que Industrias Canaima tendrá la capacidad de ensamblar hasta 500.000 computadoras al año, en un complejo que se va a erigir en La Carlota.
El ministro para el Ambiente, Alejandro Hitcher, anunció la aprobación de recursos por Bs.F 34.635.575 para terminar la construcción del acueducto alimentador Norte de Barquisimeto, con una longitud de 18 Km, que va a impactar favorablemente a un aproximado de 250.000 personas que hasta ahora reciben el agua a través de camiones cisterna. Esta obra abastecerá a las comunidades del noroeste de Barquisimeto, Carorita, El Trompillo, El Cují, Tamaca, Chirgua y El Cercado. Aparte del alimentador, serán construidos los ramales que abastecerán de agua a las distintas barriadas.
Hitcher acotó que la construcción de ese alimentador comenzó en la gestión de Luis Reyes Reyes y se paralizó a la llegada del actual gobernador, Henri Falcón, «cuando tomó los caminos de la traición a quienes votaron por él». (VTV en vivo).
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