Cierre del Día
AN aprueba recursos para el Sistema Nacional de Medios Públicos
Diferida audiencia de presentación del abogado José Amalio Graterol
Venezuela estudia denunciar Pacto de San José
TSJ ordenó suspensión de elecciones en la ULA
AN aprueba recursos para el Sistema Nacional de Medios Públicos
En sesión ordinaria, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) validó un crédito adicional al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, por la cantidad de Bs.F 1.196.344.526.
Los recursos serán destinados a la ejecución de proyectos comunicacionales del Sistema Nacional de Medios Públicos.
En este contexto, la diputada oficialista, Lídice Altuve, explicó que el Gobierno Nacional ha promovido la soberanía en el área de la comunicación.
«Tomamos conciencia desde el 2002, para fortalecer y ampliar el alcance de un Sistema Nacional de Medios Públicos al servicio del pueblo venezolano», expresó en la sesión ordinaria de este martes.
Por su parte, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jesús Farías, reiteró que el dinero aprobado a la cartera de la Comunicación e Información permitirá fortalecer la red de medios comunitarios y locales.
Del total del crédito autorizado, Bs.F 459 millones 671 mil 658 corresponden al Ministerio de Comunicación e Información; Bs.F 280 millones 768 mil 963 a Venezolana de Televisión; 38 millones 897 mil 475 a la Agencia Venezolana de Noticias; 58 millones 479 mil 107 a Ávila TV; 115 millones 452 mil 592 a Radio Nacional de Venezuela, y 30 millones 772 mil 159 al Correo del Orinoco (El Universal / Globovisión / Últimas Noticias / La Patilla).
Diferida audiencia de presentación del abogado José Amalio Graterol
La audiencia en el caso del abogado José Amalio Graterol fue diferida, debido a que las actas de la Fiscalía no fueron recibidas. Según los defensores, Graterol será llevado nuevamente a los calabozos de la Guardia Nacional en el estado Vargas, hasta ser presentado mañana ante los Tribunales.
Alrededor de las 10:00 am, Graterol fue trasladado hasta el Circuito Judicial del estado Vargas tras ser detenido el lunes en la tarde durante un juicio que se negó a continuar sin la presencia de su defendido.
Fernández señaló en ese momento que no había podido revisar el expediente e indicó que lo más probable es que a Graterol le imputen el delito de obstrucción a la justicia. «Se va a celebrar una audiencia donde el Ministerio Público informará sobre la imputación pertinente. Por supuesto, Graterol va a declarar y nosotros como abogados exigiremos su libertad plena», precisó.
La jurista calificó la actuación contra Graterol como una criminalización al desempeño del abogado litigante, hecho que comparó con la persecución de los jueces en el país.
El fiscal 9º con competencia en Corrupción del estado Vargas y el juez 1º de Control de la entidad, Juan Fernando Contreras son los encargados del caso.
Por su parte, Cleotilde Condado, exjuez penal, recordó que la acción por parte de Graterol de negarse a continuar en un juicio donde el acusado estaba ausente, fue la causa para que los organismos de seguridad lo privaran de su libertad (El Nacional / Unión Radio / Globovisión / Últimas Noticias).
Venezuela estudia denunciar Pacto de San José
Las constantes violaciones a la soberanía de los estados y la actuación extralimitada de los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han llevado al Consejo de Estado de Venezuela «a evaluar la posibilidad cierta de denunciar el Pacto de San José», reiteró este martes el canciller Nicolás Maduro.
Durante su intervención ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realiza en Cochabamba, Bolivia, Maduro destacó que, ante la usurpación de funciones que se ha visto en el sistema interamericano, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela exhortó a los poderes públicos a convocar al Consejo de Estado para estudiar la situación, reseña la estatal AVN.
«En este momento el Consejo de Estado está estudiando la situación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las graves violaciones que ha cometido, y se está evaluando la posibilidad cierta de denunciar el Pacto de San José», afirmó el jefe de la diplomacia venezolana.
No obstante, Maduro abogó por el derecho que tienen los estados parte de la OEA a promover reformas y transformaciones que les permitan «corregir los entuertos y tomar una nueva dirección en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
«Nosotros llamamos a que no se cierren las puertas a los cambios porque eso sería condenar a esta organización», recalcó el canciller, quien citó el artículo 76 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el cual establece que los estados tienen la potestad de legislar para promover una propuesta de enmienda.
Como ejemplo de la voluntad de los países del mundo de corregir los vicios en esa materia, Maduro recalcó la decisión asumida en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para «abrazar un proceso de perfeccionamiento, de superación de problemas graves del sistema, con la creación de Consejo de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal y otros organismos de promoción de derechos humanos».
«Si eso se hizo en la ONU, ¿por qué unos estados se niegan y bloquean la posibilidad de que eso se haga en la Organización de Estados Americanos?», cuestionó el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, quien previamente expuso algunas de las desviaciones que actualmente se presentan en la CIDH.
El canciller añadió que Venezuela ha respetado a la CIDH, pese a que el secretario ejecutivo, Santiago Cantón, avaló en 2002 el golpe de Estado perpetrado contra el gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, y se negó a actuar para garantizar su integridad física, en desconocimiento de su investidura como jefe de Estado electo democráticamente (El Universal).
TSJ ordenó suspensión de elecciones en la ULA
La Sala Electoral Tribunal Supremo de Justicia ordenó este martes la suspensión de la elección de autoridades rectorales de la Universidad de Los Andes (ULA), proceso convocado para este miércoles 6 de junio.
Así lo señala una sentencia del máximo órgano de la justicia venezolana, emitida este martes, cuyo ponente es el magistrado Oscar J. León Uzcátegui.
Para sustentar este dictamen, la Sala Electoral observa que la Comisión Electoral de la ULA incurrió en omisiones que hacen presumir que se encuentra amenazado el ejercicio del derecho al sufragio en igualdad de condiciones para la comunidad universitaria.
La omisión está relacionada con la exclusión de personal obrero y administrativo del padrón, situación que, de ser constatada, «se traducirá en la existencia de un Registro Electoral no confiable, por lo cual resultaría viciado el proceso electoral desde su origen».
La decisión se sustenta en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, que establece el principio de elección de las autoridades en universidades autónomas «con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los integrantes de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados de acuerdo al Reglamento» (El Nacional / Unión Radio / Globovisión / La Patilla / Últimas Noticias).
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