Venezuela
El Nacional
Aumenta solicitud de pasaportes colombianos
6to Poder
Colombia rectifica y niega liberación de 9 empleados de una empresa petrolera
Diario de los Andes
Se presume que la intensión es legalizar su estatus en Venezuela
Colombia
La opinión
Entrevista: Avalancha de colombianos en solicitud de pasaporte
El Espectador
Informe da cuenta de las supuestas falencias de Santos en seguridad
El Nacional
Aumenta solicitud de pasaportes colombianos
En los últimos dos días se registró un incremento de solicitudes de pasaportes de ciudadanos colombianos en los consulados de ese país en San Cristóbal y en San Antonio del Táchira a propósito de la regularización de extranjeros residentes en Venezuela que realiza el Gobierno.
os interesados en hacerse de un pasaporte han colmado las adyacencias de las sedes diplomáticas. Incluso en la oficina de la zona de frontera se instalaron en carpas para esperar obtener una cita y optar por el documento.
Razones electorales. José Rozo, ex presidente de Fedecamaras Táchira y residente de la zona de frontera, indicó que a la localidad de San Antonio fueron llevados gran número de personas de Colombia a Venezuela con propósitos electorales.
"Son movilizados por activistas del partido del Gobierno para que les den el pasaporte internacional, primer requisito para entrar a la legalización y expedición de la cédula de identidad venezolana. Esto obedece a un plan porque así lo manifestaron las personas que hacen el trámite, con el único fin político-electoral del próximo 7 de octubre. Confiesan que este es uno de los procedimientos para optar a la nacionalidad y quedar registrados en el REP. Además, las personas son insertadas en los programas sociales o misiones", dijo Rozo.
Protesta en el puente. El expresidente de Fedecamaras indicó que la oficina consular no tiene la capacidad para tramitar tantas solicitudes de pasaporte, por lo que varios de los interesados cerraron el paso en el puente internacional Simón Bolívar como protesta por la lentitud del trámite.
"La alta solicitud de pasaporte se debe a que en Venezuela se hace un proceso de regularización de los colombianos residentes. Tenemos más de 3.000 solicitudes y despachamos diariamente 50 pasaportes", señaló el cónsul de Colombia en San Cristóbal, Octavio Martínez. (El Nacional)
6to Poder
Colombia rectifica y niega liberación de 9 empleados de una empresa petrolera
El gobierno colombiano rectificó y anunció que no fueron liberados los 9 trabajadores de una empresa constructora de un oleoducto en Arauca del cual siguen presumiendo que miembros de las Farc sean los autores.
"Así como lo anunciamos, ahora decimos que no es así", dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, horas después de haber anunciado, él mismo, que el plagio había concluido.
Más temprano
El gobierno colombiano anunció la liberación de dos conductores y siete trabajadores de una empresa constructora de un oleoducto en Arauca que habían sido secuestro el pasado martes. Pese a no dar con los autores, se presume que el grupo armado de la Farc fue el responsable del hecho.
Al autobús, que pertenece al consorcio Casanare Avanzada, se le había perdido el rastro en una zona rural del municipio de Tame (Arauca), "donde, según informaciones, se presume fueron llevados los desaparecidos", informó la Fuerza Aérea, que envió "aeronaves de reconocimiento en la zona, con el fin de apoyar la búsqueda del vehículo y los pasajeros que desaparecieron".
El alcalde de Tame, Octavio Pérez, declaró a los medios que en la zona actúan células de las guerrillas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), pero no señaló a ningún grupo como posible responsable de la desaparición.
Las FARC, la principal guerrilla de Colombia con unos 9.000 combatientes, anunciaron el domingo 26 de febrero que abandonaban definitivamente la práctica del secuestro extorsivo de civiles.
El ELN, con unos 2.500 integrantes, tiene en Arauca uno de sus principales puntos de actividad y el año pasado fue responsable de alrededor del 10% de los secuestros registrados en Colombia, según un reporte de la ONG Nuevo Arco Iris basado en datos oficiales.
Los liberados trabajaban en la construcción del oleoducto Bicentenario, de 960 km de longitud e impulsado por la petrolera estatal colombiana Ecopetrol en el departamento (provincia) de Arauca, fronterizo con Venezuela y situado a unos 570 km al este de Bogotá. (6to Poder)
Diario de los Andes
Se presume que la intensión es legalizar su estatus en Venezuela
La intensión de obtener pasaporte fronterizo en el Consulado de Colombia en San Antonio lleva a cientos de personas a permanecer por hasta tres días a las afueras de esta sede, ante el cambio de sistema de otorgamiento de citas que anteriormente venía siendo a través de internet el cual fue vulnerado por gestores por lo que desde hace un mes paso a ser de manera personalizada el último día de cada mes
Este miércoles, como era de esperarse, cientos de personas que se agolparon a las afueras del Consulado General de Colombia en San Antonio del Táchira con el propósito de conseguir le fuera asignada la cita para realizar la solicitud del pasaporte fronterizo de ese país.
En vista de las enormes colas de ciudadanos colombianos en las inmediaciones del Consulado General de Colombia en San Antonio, Carlos Alberto Barros Mattos, jefe de este cuerpo diplomático expresó su preocupación ante la situación que se presentó este día de otorgamiento de citas, por cuanto esta sede no cuenta con el personal suficiente para atender el gran número de usuarios que intentan solicitar el pasaporte fronterizo.
Desde hace tres días un cuantioso número de sus connacionales permanecieron en las calles adyacentes a esta oficina consular a los fines de obtener una cita para el trámite del pasaporte, a quienes instado mantener la calma, tener paciencia y "dejar el desespero por entrar a Venezuela".
"La única forma es que tengan un interés creado en Venezuela para la obtención de los documentos y tiene que ser con el pasaporte fronterizo para poderse regularizar, porque todas las capitales de departamentos venden el pasaporte ordinario, pero ese no les sirve para regularizarse, razón por la cual todo el mundo acude a este consulado, por ser el más cercano de la frontera que tiene Colombia con Venezuela" recalcó el diplomático, ante la permanencia de más de tres días de las personas con el objetivo de acceder a una cita para este documento.
Dijo entender las razones de muchos de ellos para tramitar el documento, destacando que de manera extraoficial ha conocido que presuntamente sería para obtener la cédula venezolana, de lo que no cuenta con información de que sea cierto y de las condiciones de facilidad que les resultaría obtener el documento de identidad.
Lo que más espera el Cónsul es que haya un buen comportamiento de sus connacionales -por estar en otro país- para así poder ofrecerles un servicio eficiente, que se dificulta ante la acumulación de tantas personas.
La implementación del sistema de asignación de citas para pasaporte vía internet, se esperaba que diera solución a la situación que venía presentándose en este Consulado, sistema que fue vulnerado por gestores quienes lograron hacerse a grandes sumas de dinero por la citas, razón por la cual, desde la Cancillería colombiana solicitaron eliminar el sistema pasándolo al de entrega de citas personalizadas, que cada final de mes termina por colapsar esta sede consular.
El doble
Con solo cinco funcionarios, que es con los que cuenta esta sede consular en San Antonio, les resulta imposible atender a cinco mil personas -que estima pudieran estar a las afueras- para otorgar las citas, ya que para la expedición de pasaporte solo tiene asignada una persona que tramita entre 50 y 60 pasaportes diarios, puntualizó Barros Mattos.
El diplomático señaló que esta oficina procesa el doble de los pasaportes con relación a los otros consulados de ese país en Venezuela, donde diariamente se tramitan unos 30 documentos por día, mientras que en la de San Antonio son tramitados 60 pasaportes diariamente.
Ante el planteamiento de muchos usuarios de que sea ampliado el plazo para entrega de citas por unos días más cada mes, el jefe de este cuerpo consular dijo ser imposible, por cuanto acarrearía aún más inconvenientes, mantendría una gran cantidad de personas a las afueras y en las inmediaciones de esta oficina, causando problemas a los comerciantes de la zona quienes se quejan porque las personas realizan sus necesidades fisiológicas en las puertas de los locales, además del desorden que permanece por unos tres días continuos.
La única alternativa viable, como parte de la solución para aliviar el flujo de personas solicitantes de pasaporte, es incrementar el personal y equipos asignado para este trámite, que son procesos que conllevan tiempo, ya que se deben importar los equipos, así como también un presupuesto del funcionamiento del Consulado que debe ser realizado a finales del año que resulta difícil a esta fecha del año.
El Cónsul estima que en el eje fronterizo, San Antonio - Ureña - Cúcuta residen unos dos millones de ciudadanos colombianos de los que según información que ha obtenido un millón 500 mil personas tendrían la necesidad de obtener su pasaporte, situación que le complica el panorama ante el personal que tiene asignado esta oficina.
Esta oficina consular es la que por su ubicación geográfica, resulta de más fácil acceso a los colombianos, por la cercanía a la línea limítrofe, a lo que se le suma el bajo costo de este documento con respecto al pasaporte ordinario emitido por las gobernaciones.
El funcionario destacó que en un alto porcentaje de quienes acuden a solicitar el pasaporte son personas de la tercera edad, de las que se presume -de manera extraoficial- estarían intentando legalizarse en Venezuela con el propósito de obtener la pensión del Seguro Social.
Pasar a retirarlos
Carlos Barros Mattos indicó que unos mil pasaportes se encuentran en las oficinas de este consulado a la espera de que sus titulares pasen a retirarlos, lo que genera contradicción por la inquietud para solicitarlo pero no para pasar a retirarlos, por lo que insta a quienes hayan solicitado pasaporte a pasar a retirar el documento. (Diario de los Andes)
La opinión
Entrevista: Avalancha de colombianos en solicitud de pasaporte
Tres mil colombianos esperan turno para solicitar su pasaporte en el Consulado de Colombia en San Cristóbal.
Octavio Martínez titular de ese despacho, reveló que las citas ya están concedidas hasta finales del mes de mayo
Todos los lunes, en horas de la mañana, el Consulado entrega las citas para cincuenta personas diarias, entre lunes y viernes, porque es el número de pasaportes que en la actualidad se están procesando.
Hemos tenido que continuar con el sistema de las citas programadas, porque las oficinas del consulado se encuentran en una urbanización residencial y la avalancha de solicitantes, no deja de entorpecer al vecindario, debido a que estaban llegando desde la media noche del día anterior.
Todos los lunes se atienden a doscientas cincuenta personas a quienes se les da cita para una semana, para el día de hoy, las últimas corresponden a la última semana del mes de mayo. Eta fue la única manera para establecer el orden.
¿A qué se atribuye tantas solicitudes?
raíz de la disposición del gobierno venezolano, de eliminar la visa a los colombianos para su ingreso al país, las solicitudes se dispararon, porque en lugar de la visa, deben presentar el pasaporte con el sello de la salida de Colombia, para su ingreso a Venezuela.
¿Cuando el solicitante se presenta para la cita, sale ya con su pasaporte?
La cita es para la recaudación de los datos y el registro fotográfico. Esa data se envía a Bogotá y de la capital regresa el pasaporte a los ocho días, porque ahora el pasaporte es electrónico.
El Consulado tuvo serios problemas por los cortes de luz no programados ¿cómo solucionaron?
La cancillería nos dio los recursos necesarios para la adquisición de una planta eléctrica y ahí se le puso fin al problema
¿Siguen fallos de personal?
Si, aun cuando se nos autorizo la contratación de un especialista, seguimos con problemas del recurso humano, por el intenso trabajo; le hemos solicitado a la cancillería un nuevo equipo y estamos a la espera de la respuesta; si llegamos a contar con un equipo más, se podrá doblar la atención al público.
¿Qué otros servicios prestan?
A los hermanos venezolanos que nos solicitan las visas para ir a Colombia, les atendemos con prontitud.
¿Cuáles son las visas más solicitadas?
Las de estudiantes y las de inversionistas, que son entre cinco y diez visas diarias, mayoritariamente para estudiantes.
¿Es alto el número de venezolanos, hijos de colombianos, que piden la cédula?
Si, ese es otro rublo que tiene una gran demanda. Quisiera aprovechar para invitar a los colombianos, por nosotros cedulados, que no han reclamado la cédula, para que lo hagan: tenemos unas cinco mil 800 cédulas archivadas.
Octavio Martínez, un dirigente político de Villa del Rosario, en menos de tres meses al frente de la misión consular, se ha desempeñado con eficiencia, al decir de subalternos y usuarios. (La Opinión)
El Espectador
Informe da cuenta de las supuestas falencias de Santos en seguridad
El Gobierno se equivoca al no reconocer el deterioro del orden público, insistir en la persecución sólo de los principales cabecillas de la guerrilla, la ambigüedad en el tema de los diálogos de paz, la inseguridad jurídica de la Fuerza Pública y la relación poco exigente con Venezuela, entre otros puntos.
Para algunos, se trata de una completa radiografía sobre los retrocesos que vive Colombia en la actualidad frente al tema de la seguridad. Para otros, es un documento que si bien no es para desechar, hay que asumirlo con precaución y beneficio de inventario teniendo en cuenta que la Fundación Seguridad y Democracia está dirigida por Alfredo Rangel, persona muy cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy por hoy crítico acérrimo del gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de un documento titulado 'Los siete pecados capitales de la seguridad', en el que se advierte que el deterioro en este aspecto es evidente y que la percepción negativa de la situación por parte de la opinión pública es reiterada por todas las encuestas.
El diagnóstico es contundente: "El primer mes del presente año ha sido el más violento de los últimos ocho años, pero es la continuación de una tendencia que ya viene de años anteriores. Existe un rebrote de los ataques de la guerrilla contra la Fuerza Pública y la población civil, así como un inusitado aumento de los atentados contra la infraestructura económica nacional, del secuestro y de la extorsión. Recientemente las bandas criminales han hecho demostraciones sin antecedentes de capacidad de intimidación violenta contra poblaciones enteras. La alianza de las estructuras guerrilleras con estas bandas criminales constituye una nueva, inédita y repotenciada amenaza contra la seguridad colectiva".
Según el documento, ante la opinión pública y los medios de comunicación, estos hechos a veces permanecen ocultos tras la espectacularidad de las bajas de algunos de los principales líderes de la guerrilla: "Por ejemplo, si no hubiera sido por la muerte de alias 'Alfonso Cano', la evaluación mediática de la gestión gubernamental en seguridad en 2011 hubiera sido muy negativa. Esa muerte le salvó el año al Gobierno en los medios de comunicación, pero ocultó el rebrote de la violencia guerrillera en muchas zonas del país".
Así mismo, advierte que la ciudadanía ya ha empezado a ver con preocupación que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para controlar el deterioro de la seguridad y para neutralizar las intenciones de los grupos armados irregulares. Y propone un debate en torno a la gestión gubernamental en este campo con el fin de tratar de identificar eventuales debilidades de la política pública y a plantear opciones que permitan mejorar la situación, señalando lo que la Fundación Seguridad y Democracia considera han sido las siete principales falencias de la política de seguridad del presidente Santos.
A continuación, El Espectador recoge algunos de los conceptos claves de los siete pecados capitales de los que habla el informe:
1. Negar el deterioro de la seguridad
"El Gobierno ha sido insistente en que la situación de seguridad del país ha estado mejorando consistentemente durante los meses transcurridos de su administración, y ha señalado que critican su gestión en este campo lo hacen por razones políticas a veces inconfesables, llegando a relacionar indirectamente a sus críticos con una supuesta 'mano negra' de derecha que tendría intenciones desestabilizadoras. En el mejor de los casos los considera 'idiotas útiles' de los enemigos del Estado.
El Gobierno considera que las acciones violentas de la guerrilla son resultado de su debilitamiento y su desesperación ante el avance de las tropas oficiales. Pero no existe un reconocimiento del incremento del número y la osadía de sus acciones violentas, ni de su retorno más callado a zonas de las que había sido expulsada en años anteriores por la acción de la Fuerza Pública.
Pero la opinión lo siente y las cifras lo reflejan: hay un deterioro de la situación de seguridad en el país. Pero el Gobierno se empeña en negarlo. Lo grave es que esta negación le impida apreciar objetivamente la situación e introducir los ajustes necesarios a sus políticas de seguridad. Y sin estos ajustes, la situación se seguirá deteriorando, a pesar de que el Gobierno lo siga negando".
2. Contra las Bacrim, solo Policía
"Los grupos armados, denominados por el Gobierno 'Bacrim' o bandas criminales, y por otros llamados neoparamilitares, son una amenaza a la seguridad nacional que no han sido suficientemente comprendidos ni evaluados. Se les considera únicamente como bandas de narcotraficantes, unos aparatos mafiosos que son solamente un problema policial. Pero para combatirlos no se han tenido en cuenta sus estrechas alianzas con los frentes guerrilleros, ni su demostrada capacidad para amenazar y controlar poblaciones y regiones enteras, ni su capacidad de confrontación militar, ni sus estructuras jerarquizadas".
"Pero en una decisión que pareciera corresponder más a razones ideológicas que prácticas, el Gobierno ha decidido que a estas bandas solamente las perseguirá la Policía Nacional, dejando a un lado la posibilidad de que las Fuerzas Militares también las repriman allí donde se encuentren, con lo cual el Estado se está amarrando a sí mismo una mano que puede ser definitiva para combatirlas con éxito".
3. La ambigüedad sobre los diálogos de paz
"Las guerrillas están excitadas y han exacerbado sus acciones violentas ante la posibilidad de que el Gobierno acceda a realizar con ella conversaciones de paz. Al mismo tiempo, esta posibilidad desmoraliza a las Fuerzas Militares y desorienta a la opinión pública".
"El Gobierno ha sido muy ambiguo en el manejo del tema. Primero, en continuidad con los criterios de la anterior administración, planteó que habría diálogos de paz solamente si la guerrilla abandona en forma definitiva y verificable todas sus acciones violentas contra la Fuerza Pública y contra la sociedad civil. Luego bajó sus exigencias a que la guerrilla produjera 'hechos de paz'. Adicionalmente, impulsa un proyecto de Ley Marco para la Paz que anticipadamente le ofrece suspensión de procesos judiciales, o sea, en plata blanca, impunidad, a los guerrilleros que se desmovilicen, gabela que incluye los delitos atroces o de lesa humanidad. Y, aunque el Gobierno los desmiente, corren los rumores de que hay contactos iniciales para tantear las posibilidades de diálogos con las guerrillas".
"A nuestro modo de ver antes que generar desbordadas e inmanejables expectativas, el Gobierno debería dejar en claro que sus condiciones son las iniciales: tregua unilateral, incondicional y permanente por parte de la guerrilla, liberación de todos los secuestrados militares, policías y civiles, y cese definitivo de todo tipo de violencia o amenaza contra la población civil. Y si estas ya no son las condiciones, debería dejarlo claro ante el país".
4. La inseguridad jurídica de la Fuerza Pública
"Las Fuerzas Militares de Colombia son el único ejército en el mundo que combate en un conflicto armado sin contar con fuero militar, institución centenaria que está vigente en la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo. Adicionalmente, las recientes reformas al Manual de Derecho Operacional de las Fuerzas Militares han introducido una enorme incertidumbre jurídica y se han convertido en una traba insuperable a su disposición ofensiva".
"Las consecuencias del desaliento y la desmoralización de la Fuerza Pública en su lucha contra los grupos irregulares se pueden ir acumulando hasta alcanzar niveles catastróficos. Entonces, después de pagar un alto costo en vidas, en bienestar y en seguridad, habrá que hacer lo que no se hizo ahora, pero en circunstancias mucho más difíciles".
"Se hace necesaria entonces una revisión del Manual para que facilite y dé claridad a las operaciones militares en el marco de la legalidad, para que le dé confianza a las tropas, y no solamente para lograr la aprobación de algunas Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos, llenas de prejuicios sobre nuestras Fuerzas Militares".
5. La contemporización con Venezuela
"La opinión pública ha aplaudido la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales del gobierno del presiente Juan Manuel Santos con Venezuela. Sin embargo, persisten muchas dudas sobre la sinceridad con que el gobierno del país vecino ha asumido los compromisos binacionales relacionados con la seguridad. A esto se suma la -probable para algunos, pero muy probada para otros- presencia de algunos de los principales líderes de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, al parecer con la anuencia de funcionarios gubernamentales de ese país".
"El punto es que el Gobierno colombiano ha quedado preso de su propio juego. Al ubicar como objetivo fundamental mantener a toda costa buenas relaciones con el gobierno de Chávez para consolidar las relaciones diplomáticas y comerciales, el gobierno colombiano ha tenido que pagar el costo de no poder hacer ningún tipo de presión ni de reclamo público al gobierno venezolano alrededor de los temas de seguridad".
6. El desgaste de la muerte de cabecillas
"El país ha aplaudido la forma como la Fuerza Pública ha venido descabezando a la cúpula de las Farc, que hasta hace unos años parecía intocable. Sin lugar a dudas, las bajas de los alias 'Raúl Reyes', el 'Mono Jojoy' y 'Alfonso Cano', han constituido notorios éxitos de la contrainsurgencia estatal. Sin embargo, esta estrategia parece estarse agotando gradualmente".
"En efecto, a pesar de que esas bajas constituyeron duros golpes que temporalmente afectaron la moral y el liderazgo político y militar de la guerrilla, ésta ha demostrado una inusitada capacidad para reconformar sus cuadros de mando y para sobreponerse a esas circunstancias".
"Lo que preocupa es que esta estrategia de búsqueda de cabecillas u objetivos de alto valor últimamente se ha estado adelantando en detrimento de la búsqueda y destrucción de otros objetivos como los frentes, las columnas y las escuadras de las Farc que son estructuras que continúan operando en muchas zonas del país, a pesar de su debilitamiento y reducción como resultado de la política de seguridad democrática".
"Mediante la recuperación del fuero militar, es necesario volver a incrementar los niveles de operatividad que tuvieron las Fuerzas Militares en años anteriores, con el fin de aplicar estrategias orientadas a disminuir y neutralizar el rebrote de las acciones violentas de la guerrilla, así como para contener su agazapado retorno a aquellas zonas de donde había sido expulsada, reeditando el esfuerzo para debilitar al máximo y desvertebrar todo tipo de estructuras guerrilleras".
7. La desaparición de los informantes y los soldados campesinos
"La ejecución masiva del programa 'Soldados de mi Pueblo' y el de las 'Redes de Cooperantes', explica en buena parte el enorme éxito de la política de seguridad democrática en su propósito de recuperar la soberanía del Estado sobre el territorio (…) sin embargo, a pesar de su éxito, estos programas se han venido a menos y se han prácticamente desmontado. Cierto afán de distanciarse y diferenciarse de la administración anterior está detrás de estos hechos. Pero también cierto temor a ser objeto de las críticas que en su momento hicieron muchas ONG´s de derechos humanos al gobierno de Alvaro Uribe argumentando que esos programas eran formas muy cuestionables y peligrosas de involucrar a la población civil en el conflicto armado".
"Sería muy conveniente que el Gobierno analizara seriamente la posibilidad de volver a reeditar estos programas que serían muy útiles para contrarrestar el rebrote de las acciones violentas de la guerrilla en buena parte ejecutadas por medio de sus organizaciones de milicias, neutralizar sus planes de recuperar terreno perdido y también para apoyar los programas de consolidación del control territorial que están siendo amenazados precisamente por esta nueva ofensiva de la guerrilla". (El Espectador)
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