Programas de Opinión
Miguel Ángel Rodríguez: El fondo chino está quebrando a Pdvsa / Para abril, se enviaban 419.000 barriles diarios a China, que significaban una «pesada carga financiera» para Pdvsa / Impacto de enviar 430.000 barriles a China es de US$ 18.430 millones / El fondo chino debió haber entrado en la Ley de Endeudamiento Público / Hay 100 empresas que debieron ser terminadas en mayo de 2010 y no lo fueron / El canje de petróleo por dólares y yuanes es un delito / Se está dando, como garantía, material de la actividad ferrominera venezolana
Ingrid Palacios y Alfredo Padilla: el afán de emprendimiento del venezolano Vs. Las trabas gubernamentales
Francisco Torrealba y Edison Alvarado, y un llamado a la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Trabajo
Miguel Ángel Rodríguez
El periodista y diputado a la AN, Miguel Ángel Rodríguez, se refirió en profundidad al tema del fondo chino, otro de los fondos que el presidente Hugo Chávez maneja a discreción. Rodríguez sentenció que ese fondo chino es ciertamente «una estafa contra la Constitución, una estafa contra Pdvsa, porque la está quebrando, y en consecuencia, una estafa contra todos los venezolanos, que tenemos derecho a una administración transparente e idónea de nuestros recursos».
Estas aseveraciones las hizo el diputado con pruebas en la mano: un punto de cuenta del ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, dirigido al presidente Hugo Chávez. Ese punto de cuenta llegó a las manos del diputado Rodríguez gracias a trabajadores de los ministerios, «auténticos patriotas, no traidores a la patria» que se angustian al conocer la verdadera naturaleza del gobierno.
Ese punto de cuenta es movilizado por la búsqueda urgente de recursos para Pdvsa por parte del ministro Ramírez, quien —al decir del diputado Rodríguez— ya se había hecho cómplice del fondo chino.
El documento, que data de abril de 2011, señala que los 419.000 barriles diarios de petróleo que Pdvsa estaba despachando a la China National Oil Corporation representan una carga financiera muy pesada para la estatal petrolera, que requiere de «una solución estructural». Todo lo anterior es redacción del ministro Rafael Ramírez en el mencionado punto de cuenta. Actualmente, no se le están enviando 419.000 barriles diarios a China, sino 430.000.
A modo de paréntesis, Miguel Ángel Rodríguez señaló que la semana pasada, en la AN estuvieron discutiendo un crédito adicional para dar recursos adicionales a Pdvsa. El diputado se pregunta dónde se ha visto que haya que aprobar recursos adicionales para Pdvsa, que es la principal generadora de dinero de todos los venezolanos. Eso da muestras de la situación delicada en que el fondo chino está dejando a la industria petrolera nacional.
En ese mismo punto de cuenta, el ministro Ramírez le dice al presidente Hugo Chávez que el impacto financiero total de 430.000 barriles diarios que estaban enviándose a la China National Oil Corporation era de US$ 18.430 millones. Y en el mismo punto de cuenta, Rafael Ramírez le advierte a Chávez que desde 2007 hasta abril de 2011 solo habían llegado al país US$ 16.800 millones.
Esta disparidad de cifras seguramente tiene que ver con el hecho —señalado en el punto de cuenta— de que cuando desde China mandaron los US$ 4.000 millones para constituir el fondo, el barril de petróleo se había estimado en US$ 50. Y cuando se sumaron 130.000 barriles diarios más para China, el barril se estimó en US$ 40, cuando la verdad es que ese fue el valor promedio del petróleo en esos años. En 2009 el precio promedio del barril de petróleo fue de US$ 57. En 2010, de US$ 72,2.
Eso obliga a otra pregunta: si Pdvsa hubiera vendido ese petróleo al valor del mercado, ¿cómo es que al enviar 420.000 barriles diarios, Rafael Ramírez dice que Pdvsa no aguanta más esa carga y pide dinero adicional para poder pagar regalías mensuales, impuestos de extracción y otros asuntos que Pdvsa debe reportar mensualmente al tesoro nacional?
Esto es endeudamiento público, como lo indica Rodríguez. El punto de cuenta relata algo más: el gobierno dijo que Pdvsa debía asumir toda la carga por el pago de la deuda con la República Popular China. Como es deuda, es una operación de crédito público que debía haber sido incluida en la Ley de Endeudamiento Público, cosa que nunca se hizo. Con esta clase de negocios, el presidente busca echar mano de centenares de miles de millones de dólares para que pueda hacer lo que le dé gana, cuando le dé la gana, en lo que le convenga.
Otro punto de cuenta firmado por el presidente señala que en 2010 estaban pidiendo más recursos para pagar a empresarios iraníes y argentinos, de quienes dependemos para la construcción de plantas procesadoras de tipos diversos. Hay 100 empresas que debieron ser terminadas en mayo de 2010 y no lo fueron. Y del fondo chino – venezolano debieron girar US$ 14 millones para pagar a esos empresarios.
Ese segundo punto de cuenta resalta que en varias de las obras se había iniciado el proceso de contratación sin tener proyectos elaborados, despachando en la mayoría de los casos las maquinarias sin tener las obras civiles construidas y ni siquiera iniciadas. Eso no sucede si las cosas están dentro de la Ley de Endeudamiento, como lo advirtió Miguel Ángel Rodríguez.
El fondo chino tiene una administración separada del tesoro nacional, en lo que para Rodríguez es el colmo del descaro. En el punto de cuenta mostrado inicialmente en cámara, consta que el ministro Rafael Ramírez le escribe a Hugo Chávez que el uso de estos fondos para proyectos solo requiere la aprobación del Ejecutivo Nacional, con lo que «se simplifican los procedimientos administrativos de aprobación». En ese punto, el parlamentario advirtió que «simplificar» significa violar la Constitución y saltarse a la torera la presentación de lo que se va a hacer al país. Hasta ahora, en el fondo chino hay comprometidos US$ 32.000 millones.
De acuerdo al artículo 93 de la Ley de Endeudamiento Público, no se podrá contraer operaciones de crédito público con garantía sobre bienes o rentas nacionales, estatales o municipales. ¿Qué significa eso? Este asunto de canje de petróleo por miles de millones de dólares y yuanes chinos es ilegal, violatorio de la Constitución y las leyes. En otros términos, un delito.
Hay más al respecto. El diputado Rodríguez reveló que las investigaciones están orientadas a comprobar que también se está dando como garantía material de la actividad ferrominera venezolana. Estamos empeñando el petróleo, porque el tercer tramo del fondo chino nos va a someter por los próximos 10 años: en el convenio con China quedó estipulado que dentro de solo dos años, Venezuela debe enviar 530.000 barriles diarios al gigante asiático. Y en estos momentos Pdvsa ya se ve en dificultades para afrontar los 430.000 barriles actuales.
Miguel Ángel Rodríguez advirtió que si en la AN se niegan a abrir una investigación al respecto, quedará demostrado que los diputados oficialistas están haciéndose cómplices de este negocio.
Finalmente, Rodríguez invoca lo que se ha entregado para que revisen y busquen más tipificaciones de delitos. El artículo 138 del Código Penal Venezolano dice así: «El individuo que, encargado por el Gobierno de la República para tratar de negocios de Venezuela con un Gobierno extranjero, traicione su mandato perjudicando los intereses públicos, será castigado con presidio de seis a doce años».
Por tanto, el diputado pide a la Fiscalía General de la República, y a todo el Poder Judicial, que actúen con transparencia, independientemente de que se toque a personas de la jerarquía que sea dentro del Ejecutivo Nacional. Hay que agotar esas instancias, pero Miguel Ángel Rodríguez adelantó que esto también se va a llevar a instancias internacional porque estamos en presencia de una estafa a los recursos de todos los venezolanos. Si quiebran a Pdvsa, se acabó el futuro de los venezolanos.
Ingrid Palacios y Alfredo Padilla
Ingrid Palacios y Alfredo Padilla, del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar, hablaron acerca de los esfuerzos que venezolanos emprendedores hacen a diario, sobre todo en las zonas más populares, para progresar pese a las leyes que desde el gobierno se han lanzado para acosar al que emprende.
Ingrid Palacios informó que hace 2 días tuvieron un encuentro de barrios en positivo, donde convergieron líderes vecinales y sociales que han venido revelando experiencias exitosas de emprendedores en sectores populares de Venezuela. Esto se ha resumido como la posibilidad del encuentro para el cambio.
Palacios resumió, como ejemplo, la situación de los ciudadanos que son animados a meterse en un consejo comunal, para que promuevan los cambios en su comunidad. El ciudadano hace eso, va a ese consejo comunal, desarrolla proyectos en equipo y luego va al ministerio de la Comunas donde ese proyecto no se le atiende. O bien no se le dan los recursos al consejo comunal. Se le dice a ese ciudadano que no denuncie lo ocurrido porque sería un contrarrevolucionario, y ya ese pedido no tiene efecto porque ese ciudadano ya despertó.
Alfredo Padilla dice que la pregunta que hay que plantearse es cómo hacen las comunidades para resolver sus problemas sin apoyo del Estado. Hasta ahora, según datos del invitado, se han creado más de 6 millones de empleos sin el apoyo del estado. Más bien debería decirse cómo sobrevive la gente con el hostigamiento del Estado, pues ahora hay acoso para el que emprende. Se hostiga a los arrendadores, a los comerciantes, a los pequeños empresarios, a los concesionarios de los mercados municipales. Todo eso que es la economía privada popular no tiene contemplación desde el gobierno. Más bien se ve que el gobierno es contrario a ese desarrollo de los venezolanos, que tienen una capacidad emprendedora fenomenal.
Se ve, por ejemplo, el caso de la escasez cíclica de algunos alimentos. Es lo que ocurre en este momento con la leche y el café. Ingrid Palacios sostiene que no se trata solo de ese desabastecimiento. Es también el grave problema de cómo vivir en una ciudad tan complicada, desasistida y carente de tantas cosas como la capital.
Palacios agrega que en las comunidades la gente se pregunta cuándo van a venir políticas serias de un gobierno que entienda que no se debe confrontar a los ciudadanos sino generar bienestar para esa población que en algún momento creyó en él. Es evidente que cuando un gobierno eleva un proyecto de políticas públicas, uno cree y apuesta a eso porque el fracaso de un gobierno es el fracaso de todos.
Otro ejemplo de que el gobierno parece estar dirigiendo acciones específicas para desmotivar al progreso es la llamada Ley de Arrendamiento, impulsada desde la AN por el diputado Diosdado Cabello. Alfredo Padilla denuncia que se ha tendido una suerte de red de movimientos que en principio reivindican los derechos de los inquilinos. La realidad es que esos movimientos están generando un caos muy grande en las parroquias de Caracas. Se están invadiendo muchísimos espacios, pensiones, terrenos desocupados, estacionamientos y se está generando un caos ciudadano.
Lo cierto que la calidad de vida de la ciudadanía se ha deteriorado. El comercio tiene que hacer frente a impuestos, matracas, prohibiciones e inclusive degradación de la iluminación urbana. La ciudad se ha ranchificado y los que viven en ella están dolidos por esto. Alfredo Padilla sostiene que emprendedores, líderes de comunidades, partidos políticos interesados en el tema deberían hacer una mesa de trabajo y ver qué se hace para detener el deterioro y promover el progreso de la comunidad. Porque no hay otra manera de hacer progresar una ciudad.
Ingrid Palacios aclara que se celebra todo lo que promueva la participación ciudadana, siempre que venga de la mano de jornadas de formación. En encuentro de barrios en positivo, se presentó la arquitecto Josefina Baldó, que comentó que había presentado al Ejecutivo Nacional un plan de humanización de sectores populares, a un costo de US$ 30 millones. El gobierno lo desestimó, yéndose de cabeza por el proyecto de saneamiento del río Guaire, donde se estima que se han gastado US$ 90 millones. Entonces, ¿es verdad que el poder popular está ejerciendo la soberanía? La invitada sostiene que no.
En lo relativo a la aplicación de la Ley de Arrendamientos, Ingrid Palacios no cree que ese instrumento llegue a tener el control de las zonas populares donde hay viviendas arrendadas. Eso determina, por el contrario, una situación grave porque en muchos sectores populares hay un problema de violencia y anarquía. Esa ley —predice la invitada— va a traer una cadena de violencia y confrontación porque debió haberse hecho más bien una ley que conciliara a las partes.
Se calcula que 700.000 familias tienen viviendas en alquiler. ¿Qué va a pasar con ellas? El gobierno —según el criterio de Alfredo Padilla— va a pagar el costo político de esa ley. Hay movimientos chavistas en contra de esa ley fatal, que junto con las otras leyes que estimulan el despojo de los demás, está generando un clima de violencia, en un momento en que el país necesita de sosiego (Globovisión en vivo).
Francisco Torrealba y Edison Alvarado
Francisco Torrealba, presidente de la Federación de Trabajadores Ferroviarios, y Edison Alvarado, presidente del sindicato de trabajadores del Metro de Caracas, hablaron en el programa del proyecto de Ley de Trabajo y los beneficios que el gobierno ha otorgado a los trabajadores durante su gestión.
Francisco Torrealba comenzó por decir que nadie podía discutir el hecho de que el gobierno ordenaba aumento del salario mínimo una vez al año. «Además está garantizada la estabilidad en el puesto de trabajo porque el gobierno nacional también ha mantenido como política la implementación de la inamovilidad laboral para que nadie pueda ser despedido sin que exista justa causa», agregó.
Torrealba señaló que los diversos organismos sindicales oficialistas se han manifestado para el propio presidente Hugo Chávez se ponga al frente de la aprobación de «una nueva y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo que permita, entre otras cosas, romper con el sistema que ha caracterizado las relaciones laborales en nuestro país y que las caracteriza en el mundo, que es el sistema capitalista. Ese sistema que ha llevado a que se reduzcan las pensiones (…), en Venezuela no. En Venezuela ya vamos por 1.900.000 pensionados, casi dos millones de pensionados (…). Hay un mandato constitucional (…) que está pendiente (…), que es el mandato de poner en vigencia una nueva Ley Orgánica del Trabajo».
Según Edison Alvarado, el proyecto de Ley de propuesto es de inclusión y socialista, «como lo ha venido haciendo el presidente Chávez en estos 12 años de revolución. Nosotros los trabajadores (…) le hacemos la propuesta al primer trabajador obrerista como lo es el presidente Chávez de que por una de sus facultades que tiene como presidente de la República, como el pueblo se la ha dado, como nosotros se la hemos dado, es por la vía de la Ley Habilitante que el presidente Chávez, de mano con nosotros los trabajadores (…), nosotros salgamos a decir cuál es nuestra propuesta de esta nueva Ley Orgánica del Trabajo, una ley socialista, una ley revolucionaria, donde una de las propuestas es la estabilidad absoluta, la tercerización, donde el patrono en algunas empresas privadas contrata 2, 3 años a los trabajadores y después los bota a la calle».
«Cambiar ese modelo donde nosotros los trabajadores articulemos con las comunidades para hacer una verdadera ley que represente y donde estén todos los trabajadores representados. Las madres del barrio, los estudiantes, los motorizados, las comunidades. En sí, una verdadera Ley Orgánica revolucionaria socialista donde realmente nosotros nos sintamos con el empoderamiento de las clases obreras hacia las estructuras de las empresas privadas y de los empleados públicos» (VTV en vivo).
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