Programas de Opinión
Ricardo Sánchez: Medidas para prevenir el robo de celulares en Venezuela / Diputados de la AN, Conatel y operadoras celulares trabajan de manera conjunta / El 9% de los aparatos robados son marca Blackberry / Se contempla el bloqueo universal de celulares robados o extraviados / El segundo delito de mayor relevancia en el hemisferio, después del narcotráfico, es el robo de celulares / En Caracas se roban 400 celulares a diario / No deben asquirirse celulares de dudosa procedencia
Leopoldo López: Ha sido respetuoso del sistema interamericano de justicia / Su caso tiene que ver con la salud de la democracia venezolana / Una decisión favorable de la Corte IDH sería «una vacuna democrática»
Alberto Arteaga: El tema de la inseguridad ha sido el más abandonado durante los últimos años / Grabaciones ilegales a políticos venezolanos están expresamente prohibidas por la Constitución / La corrupción del sistema judicial es propiciada desde el oficialismo / Lo ocurrido con la jueza María Lourdes Afiuni es un mensaje a todo el poder judicial / Carlos Escarrá tiene una conexión con el oficialismo que lo hace inelegible para procurador / Inhabilitaciones son contrarias a lo establecido en la Constitución / Decisión de la Corte IDH debe ser cumplida por el gobierno / En Venezuela no hay estado de derecho / Reforma del código penal no va a resolver el problema de la inseguridad / Chávez aún no ha tomado conciencia de la importancia del drama de la inseguridad personal
Andrés Eloy Méndez: Hugo Chávez significó la llegada de una nueva forma de ejercer el gobierno / La oposición anda buscando un candidato «que se parezca a Chávez» / MUD ha establecido una defensa «a ultranza» de la juez Afiuni / «Cuánto le habrá pedido Ismael García a Henrique Capriles para apoyarlo» / El Departamento de Estado conspiró en 2002 y financia a El Nacional, Globovisión y El Universal / En la oposición no hay una propuesta de país sino una negociación por dinero
Aló Ciudadano (Resumen)
Ricardo Sánchez
El diputado suplente en la AN, Ricardo Sánchez, estuvo en el programa para hablar de los esfuerzos adelantados en el parlamento dentro de la lucha contra el robo de teléfonos celulares.
Según comentó el joven parlamentario, el celular es visto de dos maneras por los delincuentes: como objeto del delito y como instrumento para delinquir, es decir, para coordinar otros delitos a través de llamadas hechas con los aparatos robados. Visto este panorama, un grupo de diputados —que incluye a Freddy Bernal y Andrés Eloy Méndez, del Psuv— se ha dedicado a trabajar en el caso y, de manera conjunta con las operadoras celulares y Conatel han alcanzado una providencia que regula el bloqueo de celulares y propone colocar una pena sobre quienes se benefician del robo y hurto de estos dispositivos de comunicaciones.
Sánchez informó que las cifras de homicidios por robo de celulares han comenzado a incrementarse. En todo el territorio nacional, cada minuto son robados entre 2 y 3 celulares. El 9% de los aparatos robados son marca Blackberry; el otro 91% corresponde a celulares de otras marcas. El detalle está en que la mayor parte de los homicidios registrados son para robar, precisamente, teléfonos Blackberry.
Las operadoras celulares, de acuerdo a la información ofrecida por el diputado Sánchez, se han mostrado preocupadas por el tema y han colaborado con la AN y el gobierno. El proyecto de trabajo de los parlamentarios contempla el bloqueo universal de celulares robados o extraviados, con lo que se acaba el incentivo de robo.
Ricardo Sánchez indicó que, a través del tráfico internacional de celulares robados se pueden conseguir en Panamá, Ecuador y países del Caribe celulares robados en Venezuela. Agregó que el segundo delito de mayor relevancia en el hemisferio, después del narcotráfico, es el robo de celulares. 7 de cada 10 delitos son robos de celulares. Solo en la capital, diariamente, en los 5 municipios, se roban 400 celulares. No solo es el tema del robo, sino el delito conexo: muchas de las víctimas de este robo son, además, asesinadas.
Se ha trabajado al respecto y las jornadas culminaron con una audiencia pública con las operadoras celulares. Se busca unificar, entre varias acciones, el registro de celulares bloqueados. Hasta ahora cada operadora tenía su base de datos de celulares robados, pero no unificada. Al centralizar esos datos, y actualizarlos dos veces al día, se permitirá bloquearlos de inmediato.
En la providencia que el parlamento está trabajando también se busca mejorar los aspectos de la denuncia, que a veces resulta más traumática que el robo en sí. Se pide que la gente denuncie el robo de su celular a través de cualquiera de los siguientes mecanismos: acudiendo al Cicpc a colocar la denuncia; denunciando el robo personalmente ante las operadoras celulares; denunciando el robo telefónicamente o denunciándolo por las páginas web de la operadora celular correspondiente.
Parte de la agenda parlamentaria de este año incluye la reforma del código penal, como lo recordó Ricardo Sánchez. En esa modificación, se está trabajando para incluir dos tipificaciones del delito. Una sería la alteración fraudulenta de un aparato robado: el que altere o reprograme los seriales de un celular robado, debe recibir una carga penal, pues no hay diferencia entre esa acción y limar los seriales de un vehículo robado. La segunda modificación se refiere al aprovechamiento de bienes provenientes del delito: gente que comercializa celulares robados.
Estas medidas son una manera de decir a la gente que no está sola: las policías municipales también trabajaron en conjunto con los diputados, Conatel y las operadoras celulares. Aportaron ideas y fueron parte de las jornadas de trabajo en todo momento.
Se está desarrollando un software que busque capturar los datos de celulares incluso si son comprados afuera o si se trata de aparatos liberados. De tal manera que la providencia apunta a proteger a los usuarios de teléfonos celulares a todo nivel.
El diputado Ricardo Sánchez recomienda no adquirir celulares de dudosa procedencia. Es fundamental que la gente conserve la factura al comprar un celular. Los clientes deben visitar la página web de su operadora cada vez que se vean obligados a denunciar que su celular fue robado. El objetivo final es conseguir una providencia que proteja a la gente que es víctima de este tipo de delito.
Leopoldo López
La periodista Gabriela Perozo, enviada especial a Bogotá para cubrir las deliberaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), entrevistó a Leopoldo López.
En la entrevista, el coordinador de Voluntad Popular (VP) reiteró que lo que espera es justicia para su caso. Recordó que desde 2008 un trayecto recorrido buscando ser escuchado por jueces imparciales. A ese respecto, logró una victoria en la CIDH y se elevó su caso a nivel de la Corte IDH, que es la máxima instancia de Derechos Humanos en todo el continente.
Según aseguró López, esa corte sentó precedente al estudiar este caso, que es muy relevante y debe discutirse con mucha profundidad. Agregó que él ha sido respetuoso del sistema interamericano de justicia y de la corte. Ha sido un proceso —comentó— donde ha podido presentar sus alegatos y lo que significan para el sistema americano.
Según dijo el ex alcalde de Chacao, el caso de su inhabilitación no tiene que ver únicamente con él sino con otros 800 inhabilitados por esta medida y con la salud de la democracia venezolana. Agregó que una decisión que se pueda dar a favor del respeto de los derechos políticos sería una vacuna democrática para este tipo de arbitrariedades que se han venido dando en el país.
López dijo que las opiniones emitidas sobre su caso él las responde con el contenido de la Constitución, que establece que los tratados suscritos por el gobierno en materia de Derechos Humanos tienen rango constitucional. De manera que la respuesta a esas opiniones que se han venido dando las responde dentro de la Constitución.
El coordinador de VP finalizó su entrevista con la reiteración de que se ha venido buscando una respuesta justa a un atropello de sus derechos políticos y los de cientos de venezolanos.
Alberto Arteaga
El abogado penalista, Alberto Arteaga, se extendió en el tema de la inseguridad, tratado en los últimos programas. Cree que ese es el tema que más preocupa a todos los venezolanos y, al mismo tiempo, el más abandonado durante todos estos años. Las cifras que se ven en materia de inseguridad, con un muerto cada hora, 74 muertos este fin de semana en hechos violentos y la impunidad (más del 92% de los crímenes que quedan sin sancionar), son prueba más que fehaciente de la afirmación del invitado. En la morgue, los familiares de los fallecidos ahora dicen que sólo creen en la justicia divina porque en Venezuela no hay justicia.
La responsabilidad de esta crisis son compartidas entre todos los cuerpos que tienen tareas por cumplir en ese campo: los organismos de investigación, el Ministerio Público y las policías, fundamentalmente. Esa responsabilidad también es de los tribunales penales y el sistema penitenciario, que no es sistema. Todos estos entes forman parte de lo que debería ser la responsabilidad de la justicia penal frente al crimen. Esa respuesta no existe en vista de la impunidad que tienen los crímenes. Una persona detenida puede esperar hasta 3 años antes de llegar a la audiencia preliminar, cuando el lapso no debería superar los 3 meses, por ejemplo.
Cambiando temporalmente de tema, el doctor Arteaga recordó que las grabaciones ilegales a políticos venezolanos, difundidas en los últimos días a través de VTV, están expresamente prohibidas por la Constitución y no pueden servir de prueba en un proceso judicial. Quien lleva a cabo esas grabaciones comete un delito y debería ser sancionado por él. Ello no ocurre y aquí estamos ante un hecho sancionado por la Constitución, que no tiene castigo alguno.
Sobre el problema de la inseguridad y la corrupción del sistema judicial, Alberto Arteaga aseguró que dicha corrupción es propiciada desde el oficialismo, que ha despojado a la justicia venezolana de todo tipo de autonomía para ser dependiente del Ejecutivo. Eso también es corrupción, apartando hechos puntuales de corrupción que han penetrado la administración de justicia, las policías y las cárceles.
El doctor Arteaga, posteriormente, pasó a analizar casos puntuales relacionados con el deterioro de la justicia en Venezuela. Aseguró que lo ocurrido con la jueza María Lourdes Afiuni es un mensaje a todo el poder judicial. El que no decida un caso determinado de conformidad con los intereses del Ejecutivo, tendrá la misma suerte de Afiuni. El poder judicial se encuentra contra la pared. Hay jueces y fiscales que son correctos, honestos, que han hecho de esa carrera su vida y que se encuentran a prueba porque si tienen un caso que interesa al gobierno, tienen la disyuntiva de actuar conforme a los intereses del gobierno o apegados a la ley.
Acerca del nombramiento de Carlos Escarrá como nuevo procurador de la República, Alberto Arteaga, reconoció formalmente que el ex diputado cumple con las exigencias legales para desempeñar ese cargo, que viene a ser el abogado de la República, del Estado venezolano, el representante del Estado venezolano en los asuntos patrimoniales ante los tribunales.
No obstante, siendo tan importante el cargo de procurador, la conexión política de Escarrá debería hacerlo inelegible. Esa conexión no se salva con una renuncia formal ente la AN. Arteaga recordó que Carlos Escarrá se expresó de Leopoldo López en un lenguaje inapropiado al tildarlo de ladrón. Es decir: lo que se le ha reprochado a 6to Poder, que motivó un procedimiento, al final es usado por un funcionario público para vejar públicamente a una persona.
El abogado penalista Alberto Arteaga fue consultado sobre el caso de la inhabilitación política contra Leopoldo López. El abogado recordó que ese caso está sometido a la consideración de la Corte IDH, que conjuntamente con la CIDH, son los organismos garantes en el sistema interamericano, de la salvaguarda de los Derechos Humanos. Arteaga señaló que la CIDH llevó el caso de López a la Corte IDH que, después de un proceso que se ha llevado con audiencias orales públicas donde ambas partes —López y el Estado— han concurrido con sus representantes.
La Corte ha oído los planteamientos de las dos partes y debe emitir un pronunciamiento muy pronto, que se conocerá en pocos días o semanas. Quienes han tenido que ver con ese caso —como el mismo Arteaga— y la opinión pública en general, consideran que esas inhabilitaciones son contrarias a lo establecido en la Constitución, que indica que una persona solo puede ser inhabilitada por medio de una sentencia judicial firme, producto de un proceso de naturaleza penal, como lo establece la convención interamericana, de conformidad con la misma Constitución.
Todo pareciera indicar que la decisión de la Corte IDH señalará que el Estado ha violado los derechos políticos de López al inhabilitarlo políticamente. Esta decisión de la Corte, por compromiso de Venezuela, que ha suscrito el pacto de San José, debe ser cumplida. Así lo señala la Constitución en su artículo 31. Esta decisión acoge a los restantes inhabilitados, que tendrían derecho a reclamar que sus propias inhabilitaciones sean revocadas.
No acatar un mandato de un organismo previsto, de conformidad con nuestra legislación, constituye un delito. Arteaga recordó que un delito similar se le imputó a José Sánchez «Mazuco», condenado por haber violado la convención americana. De modo que no cumplir un mandato contenido en un tratado celebrado por Venezuela, genera responsabilidades —a título personal— para los funcionarios que infringen esa norma.
En general, el abogado concluye que en Venezuela no hay estado de derecho. Señaló que las dos bases fundamentales del estado de derecho son: el respeto absoluto a los derechos de los venezolanos y la independencia de los poderes. Ninguna de esas dos bases existe en este momento, por lo que tampoco hay Constitución Nacional.
De regreso al problema de la inseguridad, Alberto Arteaga enfatizó que la reforma del código penal no va a resolver ese problema. Si son herramientas bien construidas, los códigos y leyes van a contribuir a que haya justicia penal, siempre que sean aplicados. El código penal se ha reformado 5 veces, siempre con la excusa de tener un mejor instrumento para combatir la inseguridad. Pese a eso, las cifras siguen avanzando en ese rubro y cada día el problema es peor porque los organismos en donde descansa la justicia penal no llevan a cabo su función adecuadamente.
De manera que ese es un problema de voluntad política y de valores. El problema de los valores es fundamental y allí tiene que operarse un cambio estructural. Pero no se puede esperar a ese cambio. Es necesario tomar medidas, que pueden ser efectivas. De modo que hay que seguir luchando en ese sentido.
Para Arteaga, el presidente Hugo Chávez aún no ha tomado conciencia de la importancia que tiene para todos los venezolanos el problema y el drama de la inseguridad personal. Esto no puede ser simplemente una declaración principista: deben producirse acciones concretas para dar tranquilidad al venezolano común y corriente, que día a día pierde a sus seres queridos. Cada día nos llega más de cerca vivir en inseguridad en este país (Globovisión en vivo).
Andrés Eloy Méndez
El diputado Andrés Eloy Méndez comentó en el programa que la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de la República había significado la llegada de una nueva forma de ejercer el gobierno y un modo de refrendar el ejercicio de gobierno, siempre en el poder constituyente, a través de la «democracia participativa y protagónica, que de inmediato empezó a irradiar, no con injerencia ni intervencionismo, sino como idea de liberación de pueblos oprimidos, empezó a irradiar a Bolivia y allá está Evo. Empezó a irradiar a Ecuador, y allí está Correa. Empezó a irradiar a Nicaragua, y vuelve el legendario comandante Daniel Ortega».
Esto explica por qué la oposición anda buscando un candidato «que se parezca a Chávez», según sostuvo el parlamentario.
El diputado Méndez tuvo oportunidad de comentar acerca de las declaraciones del ex gobernador de Aragua, Didalco Bolívar, quien hoy se puso a derecho. Bolívar dijo, entre otras cosas, que Ismael García era «un chantajista de oficio» y empleado de Globovisión, que Eligio Cedeño se fue del país con US$ 10 millones y que él (Bolívar) fue víctima de una juez que «no era rojita sino vinotinto».
El parlamentario dijo que la AN revisaría lo que hubiera que revisar en relación con las denuncias que Didalco Bolívar hizo contra Ismael García. Recordó, además que la MUD había establecido una defensa «a ultranza» de la juez Afiuni, que liberó a «un estafador banquero de esos recalcitrantes que odian al proceso bolivariano».
Según Andrés Eloy Méndez, los partidos de la oposición son «franquicias al servicio de intereses transnacionales, de la USAid (…), de la NED y de otros grupos. Lo importante a decir, como conclusión inicial, es que cuánto le habrá pedido este señor de negocios, Ismael García, a Henrique Capriles para apoyarlo. Porque está allí, al ladito, como parte de su equipo, de su staff».
«Hay demasiada ponzoña en esa mesa, entre culebras y alacranes. Y esa propuesta de política es la que le quieren hacer al país», comentó el parlamentario oficialista.
Según Andrés Eloy Méndez, es inminente el pronunciamiento del partido Podemos a favor de la candidatura presidencial de Henrique Capriles Radonski. Agregó que alrededor de esa candidatura hay «micropartiditos» —Causa R y Primero Justicia, fueron los mencionados— que están «tratando de sacarle al máximo el provecho, obteniendo prebendas de banqueros y el Departamento de Estado, que al fin y al cabo fueron los mismos que conspiraron en el 2002 para el golpe de estado y son los mismos que (…) financian además medios de comunicación como El Nacional, Globovisión, El Universal».
El parlamentario aseguró, además, que la oposición no tiene una propuesta de país sino «una negociación por dinero, previa, evidente, inminente. Y esa es (…) la propuesta que hoy tiene la oposición y la miseria terrible que está dentro del sistema oposicionista, y que trae como consecuencia que el presidente Hugo Chávez en las encuestas de Luis Vicente León, de GIS XXI, de Seijas y cualquier otra, no esté ninguna por debajo del 55%. El país está claro» (VTV en vivo).
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